El Gobierno contrató empresas privadas para que efectúen el recuento de los votos y diseñen el software para el control de la información electoral. El recuento lo realizará la empresa española INDRA y el software lo pondrá la empresa Magic Solutions Argentina (MSA), la misma que diseñó el sistema vot.ar, que es el que se utilizó para implementar la Boleta Única Electrónica que se utilizó por primera vez en las elecciones de 2015.
En este contexto, diputados del bloque FpV-PJ de la Cámara de Diputados cuestionaron que la licitación por la que se contrató a INDRA “no fue realizada por el Estado, a través del natural proceso de licitación pública, sino por Correo Argentino”. MSA, en cambio debe confeccionar un software de control de información electoral estratégica, que debería manejar el Estado, según la visión peronista.
Paralelamente, manifestaron sus sospechas por la relación entre Sociedad Macri (SocMa) e INDRA. Esta firma, además de ser la encargada del conteo de los votos, se encarga de la liquidación de los salarios de los trabajadores del Gobierno porteño.
En el comunicado del bloque, los diputados expresaron que “nos preocupan una serie de episodios que ponen en crisis la transparencia de los comicios del próximo domingo. Son públicas y notorias las irregularidades en la contratación del servicio de escrutinio provisorio que brindará a los argentinos la información sobre los resultados de la elección“.
También manifestó el jefe del bloque, Héctor Recalde que “no se saben los términos de la contratación, el precio, el mecanismo de selección de la firma INDRA y, fundamentalmente, los requerimientos técnicos para el software que se empleará para la prestación del servicio“.
Esta circunstancia ya se vivió anteriormente, cuando los legisladores de la oposición intentaron conocer el software que utilizó MSA en el sistema vot.ar y la empresa se negó a darlo a conocer, amparándose en los derechos de propiedad intelectual.
Recalde, se refirió además a la “llamativa confluencia en este escenario de dos hombres históricos de SOCMA, que refuerza la opacidad del asunto“, en relación con el desempeño de Jorge Irigoin -CEO de Correo Argentino- y a la presencia de Ricardo Viaggio, director general de INDRA. Ambos ejecutivos fueron históricos directivos del Grupo Macri en el pasado reciente.
Recalde aseguró que con la advertencia que lanzó su bloque intentan defender “los votos de todos los ciudadanos argentinos, no los de Unidad Ciudadana”, aclarando que no se está “hablando de fraude, sino de posibles fallas en el control del escrutinio provisorio. Si hubiera fraude lo denunciaríamos”, expresó, aclarando que existen otros bloque y otros diputados que comparten su preocupación.
El diputado del mismo bloque, Rodolfo Tailhade anticipó que le fueron solicitadas al juez electoral de la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Culotta, “distintas medidas tendientes a garantizar la seguridad, control y transparencia de la elección”, a la vez que se le requirió al magistrado “que ordene al Correo poner a disposición de las fuerzas políticas, para la auditoría pertinente, el software que se utilizará para el escrutinio provisorio”.
Tailhade denunció que “a cinco días de la elección, ninguna fuerza política sabe cómo fue la contratación, el precio y qué servicio se requeriría o bien si hubo más firmas que compitieron” en la licitación que ganó INDRA. Advirtió además que los diputados opositores no tuvieron “posibilidad de garantizar la integridad de la información y si hay vulnerabilidad en el sistema”.
Las irregularidades que fueron mencionadas en la conferencia de prensa se encuentran la contratación de MSA, que informará a través de una aplicación sobre la apertura y cierre de los comicios y también la concurrencia a la elección, que se realizaría a través de un mensaje de texto. Esta información era brindada en el pasado por las fuerzas de seguridad.
