La Cámara Nacional Electoral emitió hace un tiempo una acordada en la que los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía se quejaron porque “pese a reiterados requerimientos, el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sin participación alguna de la justicia nacional electoral”.
La Cámara propuso en enero de este año que se implementen “una serie de medidas para el fortalecimiento del proceso electoral”, que contenía un conteo provisorio “alejado de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional” a causa de que el Congreso no aprobó la Reforma Política que proponía el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo implementó un mecanismo de escrutinio a través de una licitación privada manejada por el Correo Argentino, que ganó la empresa española Indra, que cumple esa función desde 2012. Lo habitual es que sea el Ministerio del Interior el que convoque a una licitación pública para adjudicar esa tarea.
La propuesta de la CNE no significaba, según sus propias palabras, “un presupuesto significativo en relación al total asignado”, ni “la intervención de ninguna empresa privada”.
La Acordada 2-2017, emitida por la CNE en enero, preveía “un sistema de trazabilidad en tiempo real del material electoral”, sin que hasta el momento se haya escuchado a los jueces, un hecho que “aún se aguarda desde el tribunal”.
Como corolario del conflicto, “la justicia electoral seguirá sin intervenir en el escrutinio provisorio” de las elecciones, aún cuando se ocupa de “las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados” y de la “contratación de prestadores de servicios a tales efectos”.
La Cámara Nacional Electoral tiene juzgados en las 23 provincias y en la Capital Federal y es la máxima autoridad en su materia.
