Nicolás Maduro acaba de erigirse como dictador en Venezuela al impulsar que la Asamblea Nacional Constituyente, totalmente oficialista por una elección amañada, asuma todas las atribuciones del Parlamento Nacional, eliminando así la representación de las fuerzas opositoras.
La gravedad de la situación en ese país llega ya a un extremo insostenible para quienes defienden los valores democráticos en el continente, y se convierte en un llamado de atención para los países latinoamericanos que se negaron a tomar decisiones frente al caos que afecta a la población venezolana.
A la falta de alimentos, medicamentos y elementos de primera necesidad que padecen los hermanos venezolanos, se suma ahora una nueva decisión de Maduro que elimina la vigencia de los derechos democráticos, un delito político que debería ser sancionado severamente por los organismos internacionales.
La disolución del Parlamento supone en sí mismo un autogolpe, con el objeto de neutralizar a la oposición, cada día más amplia, y someter definitivamente al pueblo venezolano a los designios de un sector minúsculo que enarbola la fuerza como único derecho.
La vía de la mediación diplomática es el camino apropiado para encarar este conflicto que conmueve a los países de América Latina, adonde huyen los venezolanos buscando un refugio que los preserve de la brutalidad gubernamental y militar instalada en su país.
La impotencia de Maduro frente a la resistencia popular que se niega a aceptar los términos de su régimen, es la única razón sobre la que se basa el avasallamiento de las representaciones políticas legislativas y la desaparición del Parlamento.
Esa decisión sólo puede ser leída como un virtual autogolpe tendiente a desbaratar la actuación de los sectores de la oposición, de eliminar los derechos que concede el ejercicio normal de la democracia e instalar en su lugar un orden cerrado y militar, un régimen autoritario y absolutista.
La intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) no debe demorarse en la aplicación de la Carta Democrática, ni en buscar los mecanismos que impidan a la dictadura de Maduro utilizar en contra de la población el caudal armamentístico adquirido en los últimos años.
Resulta evidente que Maduro está decidido a terminar con la democracia para instaurar una dictadura sangrienta, a la luz del centenar y medio de asesinatos cometidos por el régimen en los últimos tiempos.