Luego de la tensión generada desde el caso de la desaparición de Santiago Maldonado por las hipótesis cruzadas sobre qué y quiénes causaron su desaparición, donde el Gobierno apunta a influencias internacionales sobre la comunidad mapuche, un nuevo caso alimenta esta versión.
Como escudo ante la adjudicación popular de la responsabilidad por el fracaso en el rastro de Maldonado desde el oficialismo tejieron la hipótesis de que las acciones de los mapuches están compradas por agentes del exterior.
Esto se vio reflejado también en la imputación a 21 mapuches por usurpar una chacra de Tratayén, Neuquén.
Este caso tomó notoriedad internacional ya que compromete las inversiones en la roca de shale más importante del mundo y animaría a que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto, ya que no se descarta que se trate de una organización delictual que puede trascender las fronteras de la provincia, y que no sólo afectan a productores locales, sino también a los intereses de la petrolera nacional YPF, según aseguró una fuente muy cercana al presidente Mauricio Macri.
Sin embargo, otra punta de este caso que acompaña a la mencionada hipótesis es que el gobernador Omar Gutiérrez se mantiene al margen, sumado al testimonio de uno de los propietarios afectados -que pidió reserva- al mencionar que “no vemos decisión política de sacarlos, ni de defender la propiedad privada”.
Cabe mencionar también que en el sector disputado se ubican las bombas y bocatomas por lo que los consorcios de riego de Chañar, Chañar Tercera Etapa, Añelo, Añelo 2020 y Tratayén presentaron una nota ante el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo provincial para manifestar su preocupación por la producción de frutales, las bodegas y los feetlod.
A la vez, los consorcios de Tratayén y El Chañar impugnaron el trámite de otorgamiento de personería jurídica que pidió la comunidad mapuche.
Así, el fiscal Pablo Vignaroli los acusó de usurpación por despojo en carácter de coautores ya que el 18 y el 31 de mayo habrían ocupado las tierras ubicadas sobre la ruta provincial 7, entre los kilómetros 75 y 82, en donde permanecen actualmente.
Vignaroli explicó que la comunidad no fue reconocida legalmente y que las tierras disputadas son particulares y “nunca hubo relevamiento por parte de la provincia, en el sentido de que se trate de tierras con derechos ancestrales o algo por el estilo.” Anteriormente, el werken (vocero) de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, afirmó que la comunidad FvtaXayen cuenta con pruebas de su derecho de posesión sobre las tierras.
Noticias Urbanas accedió en exclusiva a la nota presentada al Gobernador:
