Los contactos con los gobernadores Miguel Lifschitz y Alberto Weretilnek fueron hasta ahora informales, ante las dudas de su aceptación. Los cinco mandatarios que responden a Cambiemos -aunque algún otro, como Omar Gutiérrez (Neuquén), también suele jugar en línea con ellos- comparten en un cien por cien el reclamo de los peronistas, pero éstos saben que jamás los acompañarán en su postura.
De todos modos, la urgencia del reclamo sedujo ya a Wereltinek, que se unirá a la protesta. “Esperemos que las provincias no perdamos recursos. Nuestra única posición es que no queremos perder un centavo más, porque no tenemos margen de que la provincia se perjudique con la transferencia de recursos” agregó para justificar su postura.
La semana última, Lifschitz se reunió con Schiaretti para aunar posiciones, aunque el santafesino declaró luego que “estamos analizando si participar o no. El reclamo es compartido, pero hay que ver si intervenimos en un espacio político dominado por el peronismo“. Los santafesinos consideran que su situación en cuanto a la coparticipación es la más afectada, porque, a diferencia de Córdoba y San Luis -que, como ellos, tienen un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia-, no tienen deudas con la Nación.
El viernes último se reunieron los fiscales de Estado provinciales, con asistencia de los funcionarios de Mendoza y Jujuy. Asistieron representantes de 20 provincias y la ausencia más notoria fue la de su par bonaerense, Hernán Gómez, dado su condición de demandante. En ese mitin, según informó el fiscal entrerriano Julio Rodríguez Signes, que es además el vicepresidente del Foro Federal Permanente de Fiscalías de Estado de la República Argentina, “fue unánime que ninguna provincia está dispuesta a ceder ni un centavo”.
Uno de los consensos que existen entre las provincias es el citado, de no ceder puntos de coparticipación en favor de Buenos Aires, además de que cada territorio federal decidirá el eje sobre el cual realizará su presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por de pronto, los juristas cordobeses van a plantear que existe una gran diferencia entre los subsidios que reciben las demás provincias, si se los compara con los que recibe Buenos Aires.
Paralelamente, existe un cierto consenso acerca de que la solución al debate debe ser política y no judicial, un tema sobre el que también opinó la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que planteó que todas las provincias deberían “ceder un poquito” en favor de su amiga María Eugenia Vidal, pero que el conflicto “lo tiene que resolver la política”.
En resumen, los gobernadores dedicaron los días que transcurrieron desde las PASO a analizar los resultados que obtuvieron en sus distritos. El caso es que el 13 de agosto hubo ganadores y perdedores y entre estos últimos figuran algunos de los promotores de la rebelión, como Juan Schiaretti y Gustavo Bordet.
De todos modos, los mandatarios provinciales esperan con ansias a que la Casa Rosada envíe finalmente su propuesta de renovación de la vigencia del Impuesto al Cheque, que culmina este año. Para aprobar la prórroga, el Gobierno necesitará de los senadores que les responden y en la negociación se van a plantar con sus reclamos y venderán cara su apoyo a la polémica ley que logró hacer aprobar Domingo Felipe Cavallo en medio de la crisis de 2001. Los ingresos que genera esta gabela se coparticipan de manera no menos polémica: el 70 por ciento se deposita en las cajas nacionales y el 30 por ciento se reparte entre las provincias.
Un Fondo que desequilibra a las provincias
El origen del conflicto radica en una ley que sancionó el presidente Carlos Saúl Menem en 1992, por el que instituyó el Fondo del Conurbano, que iba a estar destinado a financiar programas sociales. La financiación partía del diez por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias.
Pero, en 1996 la amistad entre el presidente Menem y el gobernador bonaerense y principal rival por la conducción del peronismo, Eduardo Duhalde, se rompió. El contraataque de Menem fue fulminante: fijó un tope de 650 millones de pesos al Fondo y desató la hecatombe para Duhalde, que tres años después perdió la elección contra el candidato radical Fernando de la Rúa.
Mientras tanto, el excedente de la recaudación comenzaba a repartirse entre el resto de las provincias, una situación que se mantiene hasta estos días. En la presentación que realizó Vidal ante la Corte, las provincias son “terceros citados” y en ella exige además que se declare la inconstitucionalidad del tope de 650 millones de pesos, con el objetivo de recuperar el diez por ciento que fue el espíritu original de la norma.
Para el caso de que este recurso judicial no prosperara, los bonaerenses plantearán que sea declarada inconstitucional la exclusión de su provincia en el reparto del remanente del impuesto y del cuatro por ciento de Ganancias que reciben las demás provincias.
Es difícil que esta propuesta seduzca a las provincias, que pondrán el grito en el cielo ante la posibilidad, habida cuenta de que se está hablando de nada menos que 53 mil millones de pesos anuales, aproximadamente. Una cifra a la que los mandatarios provinciales no están dispuestos a renunciar.
Lo que está claro es que toda esta circunstancia -se trata de una discusión sobre una cifra ya pautada hace 25 años- de polémicas bizantinas tiene que ver no sólo con números, sino con pulseadas de poder. El dinero es el eje, pero se trata en realidad de tenidas entre quienes quieren quedarse por ocho años en el poder y quienes lucharán por destronarlos dentro de dos años.
Para los próximos días quedará la evaluación política que realizarán los mandatarios, que será para alquilar balcones, dado que hubo algunos que no revalidarán liderazgos a nivel de la Liga de Gobernadores después de duras derrotas en sus propios territorios. Y Schiaretti y Bordet no fueron los únicos perdedores.
