El ajuste extremo que debe realizar el Estado Nacional plantearía la aceleración de los plazos fijados para el traspaso a la Ciudad de instituciones que se desenvuelven en el ámbito nacional. Entre las más importantes están la Policía Federal y la Justicia Nacional con asiento en la ciudad.
El traspaso de la policía, ya acordado entre De la Rúa e Ibarra a fines del año pasado, comienza a transitar su recorrido final, ya que por primera vez se acercan los números para hacer compatibles ambos presupuestos.
El presupuesto actual de toda la fuerza es de una suma cercana a 700 millones de pesos; el acuerdo establecería que la policía se divida en dos: una dedicada a los delitos federales y a la función científica, para que la cual el Estado estima una previsión presupuestaria de 200 millones, y el resto, destinado a la actividad de policía local, y que plantea un gasto de 500 millones.
El Jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, dijo que tendría que realizar un recorte también en la fuerza y que de las arcas nacionales no pueden salir más fondos. Los gobernadores de las provincias, sostienen que la ciudad es "rica", que recibe beneficios de todos y que no deberían realizarse transferencias de fondo. La discusión se centra en el monto a transferirse y la nueva alícuota que se le reconocerá a la ciudad en concepto de coparticipación -esto es lo único que falta acordar-.
Pero, el tema económico no es el único, ya que el Congreso Nacional deberá dictar una ley que modifique la ley de garantías federales, conocida como ley Cafiero, que impide a la Ciudad tener policía de seguridad propia.
Solucionados estos escollos, seguramente se convertirá en un hecho el traspaso y Buenos Aires contará con una policía local que dependerá de la Secretaría de Justicia y Seguridad, a cargo del Dr. Facundo Suarez Lastra.
