Tras la estéril reunión que mantuvieron el miércoles último la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña y los estudiantes que mantenían ocupadas este viernes 30 escuelas, el conflicto por la Secundaria del Futuro amenaza con escalar hasta el punto sin retorno de una reforma sin consenso.
En la mañana de este viernes 22 de septiembre, el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que su gobierno seguirá adelante con la iniciativa, porque “la gran mayoría está de acuerdo” con la reforma educativa que propone, en lo que pareció casi una ironía, si se toma en cuanta la ebullición estudiantil.
La ministra había anticipado esta decisión, al afirmar que a partir de 2018, la Secundaria del Futuro será realidad. “Estamos convencidos, como la gran mayoría de la gente, que hay que cambiar y hacer una reforma del sistema educativo”, sentenció por su parte Rodríguez Larreta, que no hesitó en destacar que el jueves “dos o tres colegios levantaron las tomas”.
El mandatario porteño culpó a los antagonistas de la reforma de haber sido motorizados por el kirchnerismo -equiparando al peronismo con una especie de peste mortal- y cargó las tintas sobre las prácticas laborales que traería aparejada la reforma, advirtiendo en primer lugar que “vienen de una ley nacional que impulsó” el Gobierno anterior, que “son con contenido pedagógico” y que “se hacen en todo el mundo”.
Pero el ariete de Cambiemos en el tema fue el actual ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, que desde Neuquén atacó violentamente a los estudiantes de entre 13 y 17 años, calificándolos como “un montón de haraganes intelectuales”.
Hablando en la sede de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 20 de la provincia patagónica, Finocchiaro se dirigió a las autoridades escolares -que ni siquiera son de su mismo color político- arengando de manera algo rimbombante: “no se preocupe director, porque hay un montón de haraganes intelectuales que siempre van a criticar desde la tribuna y la palabra a los que con hechos intentan cambiar el mundo”.
Luego, Finocchiaro convirtió el acto de inauguración del nuevo edificio de la escuela en un hecho político desconectado de la razón que lo transportó hasta Neuquén. “¡Qué mensaje tan potente están enviando ustedes aquí, desde esta provincia, a toda la Nación argentina, cuando en un día que es festivo para los estudiantes, ellos están aquí presentes con la escuela abierta, cuando en otros confines de esta patria hay quienes paralizan la escuela y les impiden a los alumnos ejercer su legítimo derecho a la educación, diciendo que lo hacen para defender la escuela pública!”.
Paralelamente, en un terreno distinto al de las palabras, la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado Nº 3 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, dictaminó, no sólo que las tomas de las escuelas no significan una violación a las constitucionalidad, sino que, por el contrario, los estudiantes, al realizarlas “están haciendo uso de sus derechos constitucionales”.
En el mismo fallo, la magistrada declaró nulo el instructivo que envió el Ministerio de Educación a las autoridades escolares, en el que ordenaba que, ante cualquier toma se debía informar a la policía los nombres de los alumnos que la protagonizaran, sin aclarar qué acciones deberían tomar los uniformados en consecuencia, aunque es dable suponer que su misión tendría que ver con la represión.
La cuestión final tiene que ver con la resolución de los problemas. ¿Es inteligente impulsar una reforma sin consultar a todos los sectores de la comunidad educativa? ¿Es inteligente decidir una escuela del futuro que esté referida a sujetos que no desean ser educados de la manera que se les propone? ¿No sería necesario hablar además con sus padres y sus docentes? ¿Debe sumárseles a los docentes, además de sus múltiples responsabilidades, una función represiva? ¿Pueden resolver los comisarios los problemas académicos y curriculares?
Los jóvenes pueden estar en los inicios del proceso de su formación intelectual, pero es necesario que se expresen y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Es claro que no sólo ellos deben opinar, pero en el trabajo de campo de las autoridades educativas, todos los sectores deben estar representados.
