A través del decreto 746/2017, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional anunció que “resulta necesario” asignar al Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, las “tareas de respuesta operativa del combate del fuego” y, mantener a cargo del Ministerio de Ambiente, cuyo titular es Sergio Bergman, lo concerniente a “la protección y preservación del medio ambiente del daño generado por los incendios”.
Por eso, creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que actuará en la órbita del Ministerio de Seguridad, y estará integrado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Ministerio de Ambiente, la Administración de Parques Nacionales, las Provincias y la Ciudad a través de los organismos que determinen.
“El Sistema Federal de Manejo del Fuego será coordinado y administrado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego”, detalló el texto de la norma, al tiempo que indicó que se sustituyó el artículo 5° de la Ley N° 26.815 por el que designa a la Autoridad Nacional de Aplicación al Ministerio de Seguridad, que deberá articular con Ambiente para determinar, en el ámbito del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), la implementación de “políticas preventivas, el apoyo a las estrategias de manejo del fuego, el alerta anticipada y el combate rápido y eficaz de los incendios, a efectos de hacer posible el mantenimiento de los ecosistemas y sus procesos con una gestión integral”.
Además, , el presidente Mauricio Macri modificó la Ley de Ministerios para agregar a las atribuciones del Jefe de Gabinete la de “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y controlar la aplicación de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales”.
Hasta el momento, la autoridad de aplicación de esa norma era la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia.
Por otra parte, el decreto modificó la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, aprobada el año pasado por el Congreso.
La norma disponía la creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública bajo la órbita del Poder Ejecutivo y ahora a través del decreto, puntualmente se la hace depender del “ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
La agencia debe velar por “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326”.
Otra modificación a esa norma, señala que la agencia deberá “fiscalizar la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre”.
El organismo, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, también tendrá que aplicar la ley 26.951, que creó el “Registro Nacional No Llame “, dirigida a “proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”.
