El Gobierno de la Nación volvió a cargar contra el empresario Cristóbal López y esta vez podrían rescindirle el contrato de una empresa que tiene la concesión de una ruta que une Ezeiza con Cañuelas. Asimismo, se presentó una denuncia penal por graves incumplimientos.
En este caso, Vialidad Nacional notificará a López a través de un comunicado, en los próximos 10 días. Luego, comenzará una disputa judicial, en la que la entidad reclamará alrededor de 700 millones de pesos a la concesionaria. La idea es cobrarle a la compañía vial una tasa que se colecta cada vez que un vehículo para por la barrera, y por el cual el patagónico retuvo y no depositó en cuentas oficiales. Esto, sumado a la causa penal, provocará que se quede sin el manejo de la autopista, en los próximos 10 días hábiles, ya que se requieren trámites administrativos.
Por su lado, Vialidad lleva meses trabajando en esta cuestión, para terminar con la relación contractual con la empresa de López y se planea la judicialización del caso. También, afirmaron que “hay que preparar la contingencia”.
Una vez que cese el contracto, entrará a escena la empresa estatal recientemente creada Corredores Viales S.A., conformada por el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional. Sobre esto, el Gobierno explicó que será para poder mantener a los empleados y manejar la operación hasta que se termina un proceso de llamado a Participación Público Privado en los corredores viales actuales a mediados de 2018, según informó el Gobierno.
De acuerdo a los planes de Vialidad, la autopista Ezeiza – Cañuelas, que también tiene la Autopista Ricchieri desde la General Paz, pasaría a integrar un corredor más amplio con la ruta que va desde Monte hasta Azul. De esa manera tendría el atractivo de tráfico suficiente como para ser atractiva para el sistema de PPP, un esquema que intenta que sean los privados los que pongan el dinero de las obras y que se cobren con el peaje y con una compensación del fondo del gasoil.
En cuanto al pedido de los 700 millones de pesos, será gran parte del conflicto entre López y Vialidad, según informaron desde la empresa de López, no fue depositado por el atraso tarifario. Su origen está en el fondo Recaudación de Afectación Específica (RAE) y se trata de un valor incluido en el precio del peaje. Quien lo cobra debe depositarlo en una cuenta oficial. Es decir, es un mero agente de cobro. El esquema, al menos teórico, es que ese dinero regrese a la concesión en forma de obras en la traza.
No obstante, los combustibles también están dentro del plano: por cada litro que se vende, las estaciones de servicio recaudan el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que luego deben depositar a la AFIP. Según se indicó, López no ingresó su aporte, por lo tanto, la entidad recaudadora le reclamaba 8000 millones de pesos.
Dentro de la ofensiva mediática, en su programa de ayer lunes Carlos Pagni en LN+ le recordó a López sus conductas respecto de la “evasión” que le reclama la AFIP por más de 8.000 M.
La caída de la venta de C5N
Según se supo, luego de dialogar con importantes funcionarios nacionales, Orly Terranova, llegó a la conclusión que la compra de C5N era inviable. Los motivos tienen que ver con que el Gobierno quiere recobrar los miles de millones de pesos en impuestos que adeuda Cristóbal López; porque el Gobierno no se moverá para facilitar la operación -ni mucho menos le dará más pauta oficial a los medios del Grupo Indalo- y porque el Gobierno tiene una “visión errónea” de López, al que lo ve mucho más poderoso de lo que realmente es.
Además, falta agregar el motivo más importante: el presidente de la Nación, Mauricio Macri no quiso que se realice la operación.
Terranova también se dio cuenta, que el Grupo Indalo podría explotar en poco tiempo ya que carece de líneas de crédito, falta capital de trabajo y afronta una fuga de gerentes, que sienten que la nave se hunde.