Después de varios años de azarosas viciscitudes, la ley que regulará el funcionamiento de los geriátricos privados fue aprobada por la Legislatura porteña. La sanción de la demorada norma viene a cubrir un vacío que desde hace demasiados años dificultaba el contralor sobre los
establecimientos, abonando los caminos de la ilegalidad. En este proyecto trabajó incansablemente la diputada Sandra Dosch, que alguna vez debe haber llegado a pensar que nunca vería la luz.
La medida más importante que plantea la nueva norma es la creación de un Registro Unico de Establecimientos Gerátricos Privados, que hasta ahora no existía y propone, además, normas para la capacitación permanente del personal.
La diputada Dosch agregó además que "a partir de ahora incorporamos también la clasificación de los geriátricos de acuerdo a la patología que atienden o al estado psicofísico de los mayores residentes, porque hasta el día de hoy es habitual que grupos con diferentes patologías convivan
en el mismo ámbito, sin recibir la atención particularizada que necesitan".
Existen en la ciudad 986 geriátricos privados. El gobierno porteño, por su parte, posee cuatro establecimientos, que totalizan 1.632 camas, en tanto que PAMI tiene 4.200. Hay 17.500 ancianos alojados, de los cuales el 77 por ciento son mujeres.
En el pasado, de todos modos, el avance sobre el control y la normativa regulatoria acerca de los geriátricos se produjo sólo a ritmo de catástrofe. Primero fue un terrible incendio, que destruyó en 1997 un geriátrico, en el que murieron varios ancianos. Este suceso motivó un primer movimiento. A raíz de este suceso, de la Rúa – por entonces jefe de Gobierno – creó la intrascendente Unidad de Contralor de Geriátricos Privados, que integran aún la Dirección de
Verificaciones y Habilitaciones, la Dirección de la Tercera Edad, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente.
A continuación, la siesta volvió a ganar al aparato burocrático, siempre proclive a descansar en
organismos de nombres pomposos y de escasa efectividad. Luego de tres años de inmovilidad, el 24 de enero de 2001, una inundación que se llevó la vida de cinco ancianas desentumeció nuevamente las articulaciones de los políticos locales. A partir de entonces, volvió a ponerse en marcha la
maquinaria, que con la sanción de la Ley de Geriátricos que termina de producirse, se considerará seguramente satisfecha por un tiempo.
Cabe preguntarse, de todos modos, acerca de la efectividad de las normas. Esta ley, si bien perfectible, está lejos de ser un desastre. El problema es el sistema de aplicación. Si los
funcionarios la van a utilizar sólo para clausurar establecimientos, lo único que lograrán será agravar una situación que la ley no contempla: la falta de plazas para los ancianos en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si, por el contrario, la ley fuera útil para mejorar el nivel de vida de los ancianos alojados en los geriátricos, entonces, y sólo entonces, tanto esfuerzo habrá servido para algo.
Claro que todo está por verse.
