Un grupo de vecinos autoconvocados junto siete mil firmas para repudiar la construcción de un edificio de 47 pisos a escasos metros de la Reserva Ecológica. Denuncian que esta torre es tan solo la primera de 12 de similares características y que, para la aprobación del complejo no se realizó ni una audiencia pública ni un estudio de impacto ambiental. También cuestionan un decreto del por entonces jefe de Gobierno, Fernando De La Rua por el cual se habilita a la realización de obras de infraestructura ("ramblas y espigones") dentro de la Reserva Ecológica.
LAS TORRES DE LA DISCORDIA
En la intersección de Azucena Villaflor y Avenida de los Italianos, se está construyendo un edificio torre de alrededor de 47 pisos, constituyendo sólo el principio de ejecución de un proyecto que, de acuerdo a la información con que cuenta Irene Verbitsky, del grupo de vecinos autoconvocados, alcanzaría un total de 12 de igual o mayor envergadura, destinados todos a viviendas privadas. El director de la obra es el Arq. Berardo Duhovne, decano de la Facultad de Arquitectura y de estrecha relación con la gestión García Espil desde la época de De la Rúa.
Si bien esta obra cuenta con la autorización del secretario de Planeamiento Urbano, Enrique Garcia Espil, "se ha incumplido el procedimiento impuesto por el artículo 9º de la ley 123, al menos en lo atinente al inciso 5 (realización de audiencia pública) y 7 (obtención de certificado de aptitud ambiental)", afirman los vecinos en una carta enviada al jefe de Gobierno, Anibal Ibarra el 22 de enero pasado. En la misma también solicitan que "de la compulsa de los hechos y la constatación de las violaciones mencionadas, se inste respecto del o los funcionarios intervinientes, la pertinente denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público".
"Más allá de la obvia contaminación visual que aportan edificaciones de esa magnitud, existe una clara colisión entre su construcción y los objetivos y criterios orientadores contenidos en el artículo 14 de la ley 71 que crea el Consejo del Plan Urbano Ambiental", expresó Verbitsky.
Los vecinos autoconvocados consideran que "edificios como el que se está construyendo configuran un avasallamiento liso y llano infringido por sujetos particulares, quienes como es habitual hacen prevalecer el ánimo de lucro y sus intereses individuales, por sobre los de la comunidad toda, y los derechos difusos constitucionalmente reconocidos por nuestra Carta Magna en su artículo 41" y agregan que "surgen incontrastables los siguientes efectos perniciosos de la pretendida obra: impacto ambiental negativo; invasión del espacio aéreo; violación de normas (detrimento de la autoridad pública y desprecio por la leyes de la Ciudad); desplazamiento invasivo de importantes grupos humanos (eventuales moradores de las viviendas), con la consecuente carga contaminante; incremento en el tránsito vehicular, con la inevitable carga contaminante y el incremento de los riesgos en la vida y bienes de los paseantes; tala de árboles; degradación del espacio público (prevalencia del cemento sobre la vegetación natural)".
"En definitiva, -argumentó Verbitsky- tales obras devienen ilegítimas ya por la concreta y flagrante violación de las normas en materia urbano ambiental, ya por el pernicioso impacto, ya por el avasallamiento liso y llano de los intereses de la comunidad en pleno".
EL POLÉMICO DECRETO DE DE LA RUA
En el año 1998, el por entonces jefe de gobierno, Fernando De La Rua, firmó el decreto Nº 458/98 que básicamente habilita a la realización de obras de infraestructura dentro del predio de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Este decreto comprende a la ejecución de obras en el área que abarca los sectores conocidos como ex Drau, Camino de los Sauces y Punta Ombú, sugiriendo criterios de diseño y situaciones de acceso que implican la urbanización lisa y llana del área, condicionando y reduciendo sensiblemente los límites y extensión de la Reserva Ecológica.
A poco de la publicación del decreto de marras, el arquitecto Emilio Gras, asimismo autoconvocado y firmante del escrito enviado a Ibarra, por entonces en representación de la Agrupación por una Ribera Natural, remitió a De La Rua una Carta Documento en la que textualmente advertía que "la construcción de ramblas y espigones, tal como se los nombra en el decreto, son elementos arquitectónicos cuya sola mención denuncia una concepción del paisaje, que contradice las cualidades estéticas y geomorfológicas que se deben conferir a la costa y choca con las recomendaciones del Plan de Manejo, cuando expresa: Siendo su fuente principal de especies las áreas ribereñas y el Río su puerta de entrada. Por esto último el mantenimiento del libre acceso al mismo es fundamental para asegurar el flujo natural de las especies". Sin embargo, la carta documento aludida, jamás fue respondida.
"Sin perjuicio de ello y evidenciando un total desprecio por las inquietudes y calificadas opiniones de la ciudadanía, al silencio le siguió el pertinente llamado a Licitación Pública para la contratación de los eventuales ejecutantes de la obra prevista. Por entonces, profesionales del rubro intentaron en forma infructuosa de hacerse, por las vías legalmente establecidas, con los pliegos completos de la aludida licitación (incluídos planos), convirtiéndose el llamado a Licitación Pública, en una cuestión rayana con la clandestinidad".
PETITORIO
Los vecinos a través de las siete mil firmas recolectadas le pidieron a Ibarra que:
1.- Conceda una entrevista personal con representantes del grupo de Vecinos Autoconvocados, a fin de ilustrar con mayor precisión de las inquietudes y requerimientos.
2.- Dé conformidad con las atribuciones que su rango confiere, arbitre los medios para que se proceda a la demolición de la torre ya construida así como la suspensión definitiva de las obras de construcción de Edificios Torre, en Costanera Sur.
3.- De igual modo proceda con las eventuales obras en ejecución dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur.
4.- Proceda a la derogación del Decreto 981/98.
5.- Inicie una investigación respecto del accionar de los funcionarios involucrados en la aprobación de las obras de las Torres y de constatarse incumplimientos o irregularidades, dé intervención a la Justicia para el pertinente juzgamiento de las conductas de los mismos.
Frente a la falta de respuesta por parte de Ibarra, Irene Verbitsky le envió un correo electrónico a todos los legisladores porteños para informales de la situación denunciada.
