Los legisladores que integran las Comisiones asesoras de Obras y Servicios Públicos, Presupuesto y Tránsito y Transporte se reunieron este martes a la mañana para debatir sobre la futura dirección, estatal o privada, del transporte subterráneo de pasajeros y premetro de la ciudad de Buenos Aires.
El próximo 31 de diciembre de 2017 finalizarán al mismo tiempo el plazo de emergencia previsto en la actual Ley N° 4472 y la concesión de la operación y el mantenimiento del subte otorgada a Metrovías SA, contemplado en el Acuerdo de Operación y Mantenimiento -AOM- que se firmó el 5 de abril de 2013 entre la mencionada empresa privada y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado -SBASE. Con la adenda de ese acuerdo se prorrogó la concesión haciendo coincidir el fin de la misma con el término de la emergencia del servicio público declarada en el Libro I de la ley sancionada por la Legislatura aquel mismo año tras 18 años de gestión en manos privadas.
Al final de la reunión se firmó un despacho de mayoría para que en la sesión del jueves 2 de noviembre se le prorrogue por un año más la concesión a Metrovías para que en ese lapso se pueda llamar a una nueva licitación del servicio.
El legislador de Confianza Pública y presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Diego García Vilas, dialogó con Noticias Urbanas una vez finalizada la reunión en la Legislatura.
“El despacho que firmamos establece la elección de un concesionario a través de una licitación nacional e internacional, con un plazo de 12 años prorrogable por otros tres”, arranco diciendo el legislador.
Luego dio más precisiones: “Me parece importante subrayar que Sbase va a seguir teniendo el control de la empresa que gane la licitación al igual que todo lo que refiera a la ampliación del sistema ferroviario y los negocios colaterales: la concesionaria sólo estará a cargo de la operatividad y el mantenimiento de los trenes. Además, el proyecto contempla que la adjudicataria deberá absorber la planta de trabajadores que prestan servicios en el Subte, con reconocimiento de los mismos derechos laborales que ostentan a la fecha”.
García Vilas aclaró que se hace un cambio importante en el proyecto. “Se hace una modificación sustancial con respecto al cánon que cobra la prestataria por sus servicios, que deja de ser un valor fijo: el proyecto plantea una retribución por coche/kilómetro recorrido, es decir, que el monto va a variar en relación al servicio de Subte (a mayor servicio y frecuencia, mayor canon). Creo que este punto se va a reflejar en mejores servicios para los usuarios”, explicó.
Además, señaló que se estableció “una comisión de seguimiento y control del proceso licitatorio, que va a estar integrada por legisladores porteños”.
Por último, se refirió a uno de los temas más debatidos por los legisladores: la cantidad de votos necesarios para su aprobación: la oposición dice que son 40 y el oficialismo en cambio, dice que sólo se necesitan 31.
“Con respecto a los votos necesarios para sacar adelante la iniciativa, creemos que requiere una mayoría simple, porque se trata de la licitación de un servicio público, no de un inmueble que requiera una mayoría especial”, finalizó García Vilas.
Cómo fue la reunión
Al comienzo del encuentro en el Salón Presidente Alfonsín”se presentaron como oradores trabajadores y gremialistas de los sindicatos ferroviarios y subtes para dar su opinión sobre los proyectos en tratamiento. Sostuvieron que las condiciones en general no están dadas para renovar la concesión ya que hay muchos problemas relacionados con la situación laboral de los empleados y el estado mecánico de las unidades de transporte. Reclamaron más atención y reuniones conjuntas para buscar soluciones a los conflictos que llevan años y a los que se enfrentan día a día.
Los diputados Diego García de García Vilas (CP) y Alejandro García (PRO), presidentes de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y Presupuesto, respectivamente, encabezaron la reunión.
Al cabo de la misma fueron firmados siete dictámenes: uno presentado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que postula la privatización; y seis de los bloques opositores que proponen la gestión estatal.
El asunto tiene pedido de tratamiento preferencial en el recinto para la sesión ordinaria del jueves 2 de noviembre.
A raíz de esa presentación casi todos los bloques de la oposición presentaron proyectos tendientes a estatizar el servicioA pesar de que el proyecto original fue presentado en mayo, el Gobierno siempre tuvo como objetivo tratarlo después de las elecciones ya que no que quería que el tema se metiera en la campaña electoral y pudiera ser usado por la oposición en su contra.
Proyectos de ley en tratamiento
– N° 1309-J-2017, del Poder Ejecutivo: pide autorización para a través de SBASE en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 4472 -texto consolidado por la Ley N° 5666- concesionar nuevamente mediante una licitación nacional e internacional, por un plazo de 12 años prorrogable por otros 3, la operación y mantenimiento del servicio público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo que se encuentra exclusivamente en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las nuevas líneas o extensiones de las mismas existentes que se construyan o habiliten en el futuro.
En los fundamentos se menciona que la prórroga es “por única vez y por acuerdo de las partes, a ser firmada con una anticipación no inferior a dos años más y no mayor a tres años de la fecha de finalización del contrato inicial”.
Según el artículo 3° de la iniciativa presentada a principios de mayo del corriente año, “el concesionario deberá absorver, a su exclusivo cargo y costo, el personal en relación de dependencia y que se encuentre encuadrado en el/los convenios colectivos de trabajo, que a la fecha de la adjudicación de la licitación se encuentre prestando servicios para la actual empresa operadora, los cuales conservarán y mantendrán en su totalidad el mismo régimen laboral, derechos laborales y previisonales, como así también remuneración, categoría laboral y antiguedad computada”.
– N° 1488-D-2017, del Frente para la Victoria: plantea revertir el actual modelo de gestión privado operado por Metrovías S.A. desde el año 1994 y reemplazarlo por uno de tipo estatal, siendo el GCBA a través de SBASE el responsable de la prestación del servicio. La propuesta de modificaciones a la Ley N° 4472 además, garantiza la participación de quienes utilizan y operan el servicio cotidianamente, usuarios y trabajadores.
Los proponentes afirman que “la gestión privada no logró aportar calidad de servicio y tarifas adecuadas que puedan ser consideradas suficientes para garantizar la accesibilidad de los usuarios”.
Se argumenta que “la deficiente calidad del servicio brindado a los pasajeros no se condice con el resto de las experiencias internacionales, incluso si se consideran los servicios equivalentes en otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro y Ciudad de México”. Se señalan problemas de infraestructura: mal estado de las estaciones y formaciones, anegamientos luego de fuertes lluvias que obligan a suspender el servicio, restricciones al acceso de personas con movilidad reducida por la inexistencia o el mal (o no) funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores, se agrega el incumplimiento de las frecuencias y el estrecho horario de funcionamiento del servicio.
“Asimismo, no se encuentra acreditada una inversión real de la empresa concesionaria, más aún si se tiene en cuenta que actualmente el sostenimiento económico-financiero de la gestión privada en la prestación del servicio se cubre con subsidios y la tarifa que abona directamente el pasajero (que incluye un monto destinado a cubrir la rentabilidad empresaria que podría ser omitido en caso de una gestión estatal del servicio)”, sostienen los legisladores Carlos Tomada, Javier Andrade, José Campagnoli, Andrea Conde, Paula Penacca, Lorena Pokoik y Magdalena Tiesso.
– N° 1848-D-2017, de los diputados Gabriel Fuks (CNM) y Gustavo Vera (BC): también proponen modificaciones a la Ley N° 4472 a fin de proveer legalidades a la gestión estatal del servicio. Afirman que “existen condiciones institucionales adecuadas para la gestión estatal del servicio Subte y al mismo tiempo resultados pobres o malos respecto de la experiencia privada en la prestación. Estas condiciones y estos resultados sostienen la decisión de retomar la gestión estatal a cargo de SBASE”.
– N° 1655-D-2017, del bloque SUMA+: pretende actualizar la Ley N° 4.472 “eliminando todos los conceptos relacionados con la emergencia, ya que se considera que tras casi cinco años de sancionada la misma, el transporte subterráneo de la Ciudad no puede declararse en tal situación” y establece el modelo de gestión estatal.
La propuesta, según se fundamenta, “aspira a modificar y reordenar las funciones de SBASE, al mismo tiempo derogando y anulando todos conceptos relacionados con otro tipo de gestión que no sea la pública” siguiendo el antecedente del expediente 2436-D-2015 de autoría de la diputada MC María Rachid.
Los legisladores Inés Gorbea, Juan Nosiglia, Hernán Rossi, María Vischi, Natalia Fidel y Marcelo Guouman agregan que el modelo de estatización “a su vez, unificaría los criterios en el manejo del servicio, evitando desfasajes entre las decisiones de SBASE y una operadora que busca la ganancia económica antes que la calidad, seguridad y confort del servicio. Asimismo, transparenta la toma de decisiones acerca de los recursos económicos y el valor de las tarifas. Por último, no depende del desempeño de una empresa ajena al Estado (altamente subsidiada) para el cumplimiento de los estándares mínimos para el desarrollo normal de un servicio público de calidad”.
– N° 1684-D-2017, del diputado Adrián Camps (PSA): postula incorporar un último párrafo al artículo 9° de la Ley 4.472. Habilita al Ejecutivo a firmar un acuerdo con Metrovías S.A. para contratar en forma directa la operación transitoria del servicio subte, por un plazo inicial máximo de dos años prorrogable por SBASE. Vencido el plazo de la concesión, el GCABA a través de SBASE asumirá la operación y el mantenimiento del servicio.
El artículo 2° de la propuesta dice: “Los/as trabajadores/as afectados/as al servicio subte que se encontraban en relación de dependencia con la empresa concesionaria Metrovías pasarán a depender de SBASE o el organismo que en el futuro la reemplace, y mantendrán el mismo régimen laboral y los mismos derechos laborales, previsionales y de cobertura social, así como la remuneración, la antigüedad y la categoría que tuvieran al momento de caducar la concesión del servicio subte”.
El legislador en los fundamentos afirma: “resulta imprescindible que el Estado asuma la potestad de administrar el servicio, implemente un plan a corto plazo de mejoras de la infraestructura existente y adopte un programa a largo plazo para ampliar el servicio. Todos estos objetivos serán posibles a través de la gestión estatal, pues de esa manera no mediarán intereses económicos y lucrativos por parte de las empresas privadas” en sintonía con la mayoría de las grandes ciudades capitales a nivel mundial, entre ellas Berlín, Madrid, Londres y París.
– N° 1850-D-2017, de los legisladores Marcelo Ramal y Laura Marrone (FIT): recomienda la reestatización del sistema de transporte de premetro y subterráneo bajo control y gestión de los trabajadores y usuarios. La formulación está realizada sobre los debates de las bases de los gremios ferroviarios, particularmente de los delegados y trabajadores del FFCC Sarmiento de la Seccional Haedo de la Unión Ferroviaria.
Argumentan que “un sistema de transporte estatal y gestionado por sus trabajadores aseguraría un servicio orientado a las necesidades de los trabajadores, y no de las ganancias de las empresas privatizadas. Hacemos notar que el proyecto altera sustancialmente el actual esquema de financiamiento del servicio, fundado en impuestos gravosos y tarifas crecientes”.
Propone “la disolución de SBASE y la conformación de una nueva empresa estatal “Subterráneos del Estado de Buenos Aires” (SEBA), con un directorio compuesto por trabajadores y usuarios” y “plantea la defensa de todas las conquistas laborales de los trabajadores del subte y la incorporación con convenio de los trabajadores de las tercerizadas. Además, sostiene la histórica conquista de la jornada laboral de 6 horas”.
– N° 2270-D-2016, del diputado Fernando Vilardo (AyL): pretende cancelar el contrato de concesión a Metrovías S.A., expropiar a ésta y a las que la misma contrata para la tercerización de sus servicios, realizar una auditoría de la gestión de Metrovías S.A. como concesionaria del subte, y garantizar que el transporte subterráneo de pasajeros sea un servicio público que no funcione con el objetivo de generar ganancias empresarias, sino con el del desplazamiento rápido y digno de los ciudadanos.
“La iniciativa de que el subte sea una empresa efectivamente pública, con la dirección en manos de sus trabajadores y con participación de sus usuarios, está orientada a garantizar que el transporte urbano de pasajeros sea un verdadero servicio público que no tenga como objetivo el lucro empresario, sino mejorar la forma en la que millones de personas viajan todos los días. Ésta sería una forma embrionaria de ir hacia mecanismos de una democracia más directa donde el pueblo se involucre cada vez más y sean quienes manden efectivamente, y los funcionarios ejecuten lo que el pueblo trabajador decida”, según sostiene en sus fundamentos el legislador.
