Todo es posible en la burocracia municipal, al punto tal que un propietario denuncie que su inmueble debe ser clausurado y nadie lo oiga.
Noticias Urbanas conoció ayer más datos curiosos sobre la extraña historia del hotel alojamiento. Para recordar, se trata de los reiterados pedidos de uno de los dueños del albergue para que castiguen al gobierno porteño por haber habilitado obras en ese lugar con supuestos planos truchos. Luis Novoa, el demandante, posee 7% de Dominó, albergue de Flores y denunció a sus socios por esas aparentes trampas, porque él es inspector municipal desde hace más de 20 años y conoce los procedimientos.
A Aníbal Ibarra le envió ya varias cartas documento. La última la remitió el viernes pasado al procurador Juan Carlos López, cuñado del frepasista. Le dice que "habiendo solicitado infinidad de veces despachos sin respuesta alguna, es que intimo resuelva las cuestiones planteadas en el expediente 51004/99 en 48 horas, toda vez que el tiempo legal ya venció". Novoa se reserva el derecho de accionar penalmente y cita, por si los funcionarios porteños no los conocen, los artículos del código procesal referidos a omisión de una denuncia.
Los socios a los que denuncia Novoa, son Victorino Losada y los hermanos José y Carlos Sambade. Como dato curioso, los planos que supuestamente no estarían en regla, habrían sido aprobados por uno de los inspectores que habría estado involucrado con el escribano Gómez, el notario que estuvo detenido por presuntas irregularidades en habilitaciones durante la gestión porteña de Fernando de la Rúa.
Las obras de remodelación en cuestión consisten básicamente en modificaciones para comunicar el albergue con la playa de estacionamiento, la reducción de una habitación y la construcción de la conserjería.
Novoa tiene 46 años, y ya dedicó 15% de su vida a este reclamo, al que compara como "pasar el semáforo en rojo frente al departamento central de policía".
