Terminaron las elecciones, pero con el primer día hábil de la semana posterior, se produjo un aumento de los combustibles, que en el caso de la nafta super ($ 21,71 el litro) nos ubicó como el segundo país de Latinoamérica con la nafta más cara después de Uruguay. Demás está decir la importancia que tiene el aumento de combustible en lo que refiere al incremento de los costos del transporte y la cadena logística, con su posterior traslado a los precios finales de los productos. Cabe recordar asimismo que los precios de los combustibles subieron un 8% en enero, descendieron un 0,1 % en abril y crecieron otro 7% en julio. Todo esto sin mencionar la reciente liberación de precios decretada por el Sr. Ministro de Energía y ex ceo de la petrolera Shell.
Ya el sector logístico (transporte automotor de carga) sufrió este año un incremento considerable de costos al ver aumentado el precio del peaje en las autopistas urbanas de alrededor un 50 %, que sumado a lo anterior impactó especialmente en el costo de los productos de la canasta alimentaria.
Siguiendo con el transporte, pero en este caso respecto al transporte público de pasajeros, según el proyecto de presupuesto 2018 habrá un recorte a los subsidios en la materia, lo que implicaría un aumento en el boleto que sería de entre 50% a 80% en colectivos, lo significa que cada viaje podría comenzar a costar entre $ 9 y $ 11, al menos en el área metropolitana de Buenos Aires.
Pero si analizamos el impacto del incremento de las tarifas públicas de servicios domiciliarios en el último año y medio calendario, tomando referencia (Abr 16/Sept 17), considerando el impacto sobre boletas de servicios a un usuario residencial de la Capital Federal (relevamiento propio del Cesyac); la situación aparece aun peor.
En lo que refiere a la electricidad, en ese período, se aplicó una suba del 141,13% para los clientes de Edenor y Edesur, y se espera un nuevo aumento en noviembre y en febrero del próximo año, en virtud del plan de quita de subsidios y traslado del costo del servicio al usuario.
Por su parte el Ministerio de Energía informó con relación al servicio de gas, que a partir del 1 de diciembre aumentarán las tarifas en todo el país, que se sumarán al segundo tramo de aumento a transportistas y distribuidoras. El aumento promedio se ubicará cerca del 50% para las tarifas a usuarios. Lo que se sumará al 343% de incremento de la tarifa de gas para un usuario residencial (R1-R23/R1-R33). A pesar del tope de incremento previsto en la Resolución ENARGAS 4044/16.
En relación a la Tarifa de Agua y Saneamiento, volviendo a tomar en referencia ese período, el costo del servicio se incrementó un 420% promedio para los usuarios porteños.
También para el año 2018, el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno de la Ciudad a la Legislatura contempla un aumento promedio de 20% con un máximo de 23,4 % de la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza. Esto supone un aumento muy superior a la inflación promedio estimada (y la correspondiente pauta salarial que intente negociar el gobierno con los sindicatos) para el próximo año. Por otra parte, dicho presupuesto contiene una reducción de ingresos brutos para las empresas, con la finalidad de que en teoría beneficie a la producción. En los hechos, esto significa un desequilibrio en la distribución del impacto económico de las medidas del gobierno, que afecta a los vecinos en detrimento de las empresas y el sector comercial.
El rubro servicios, junto a los alquileres, es el que más impactó durante el último año sobre el costo de la Canasta Básica de Alimentos y Servicios. Según estimaciones propias, esta canasta alcanza un valor de $ 35.731,96 para el mes de Septiembre 2017 para una familia tipo de clase media porteña y expresa una variación interanual de 33,26 %.
Toda esta batería de aumentos, continúa perjudicando a los sectores más vulnerables y a la clase media de la Ciudad. En definitiva, son los derechos humanos de los ciudadanos los que se ven afectados, al no poder disfrutar en toda su dimensión de una calidad de vida adecuada frente a la imposibilidad de hacer frente a estas tarifas, y por ende a los Servicios Públicos.
El acceso a servicios públicos es esencial para lograr el desarrollo pleno de las personas. Así lo reconocen las convenciones internacionales al respecto. Por ejemplo en la resolución 65/151 de la Asamblea General de Naciones Unidas se establece la necesidad de mejorar el acceso a recursos y servicios energéticos para el desarrollo sostenible que sean fiables, de costo razonable, económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente racionales. En este mismo sentido se pronunció la declaración del Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía de 2014 al establecer que la energía es un derecho humano, no una mercancía.
3-CUADROS-TARIFAS-SERVICIOS.pdf
Derecho consagrado por la Constitución Nacional, que en su art. 42 establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos…”
Basta con analizar que en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de 250.000 habitantes, aproximadamente el 10 % de su población, no tiene acceso a los servicios públicos domiciliarios básicos y cerca del 30 % de la Provincia de Buenos Aires no tiene acceso a la red de agua potable y saneamiento, para darnos cuenta la gravedad de la situación.
Hoy, más que nunca, es importante contar con servicios públicos asequibles, porque hacen a la dignidad de la persona humana. Cuando el Sr. Presidente declara que los argentinos nos acostumbramos a no pagar el valor de los servicios públicos o que se disfrutaba gratis de los mismos, supone que otorgando una tarifa social a los hogares más necesitados, ya se encuentra liberado para terminar con los subsidios y otorgar aumentos indiscriminados a las prestadoras de servicios públicos.
En realidad debe ser todo lo contrario, se debe establecer una tarifa asequible para el común de la sociedad, y en todo caso tarifas más elevadas para los ciudadanos que cuenten con mayores ingresos. No pedimos gratuidad, pero si racionalidad y un reparto equitativo de los costos, para que todos los ciudadanos pueden tener una calidad de vida como lo merecen.