Parece un cuento sin final. En una ciudad que evoluciona –a veces, a tropezones– hacia la modernidad, sus proveedores de servicios involucionan hacia una zona en la que obtiene preeminencia su necesidad de facturación antes que la oferta que brindan a sus usuarios.
Es necesario recordar en este punto que todas las empresas que brindan servicios de gas, electricidad, telefonía ya no son estatales desde hace unos 25 años, cuando el entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, privatizó Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba), en 1992; Gas del Estado, también en 1992, y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), en 1990.
Las empresas que heredaron la provisión de estos servicios, que surgieron tras estas operaciones, fueron las eléctricas Edenor, Edesur y Edelap; la gasífera Metrogas y las proveedores de telefonía Telefónica y Telecom.
La aparición de estos jugadores en el mercado motivó la creación de los entes de control respectivos. El Enargas se ocupa de Metrogas; el ENRE, de las eléctricas, y el Enacom, de las telefónicas. En la Ciudad de Buenos Aires, por otra parte, se creó el Ente de Control de Servicios Públicos, que se ocupa de los prestadores de servicios públicos que fueron privatizados, como la basura
Desde su reconversión a una ciudad autónoma, que provino de la reforma de la Constitución en 1994, antecedente directo de la sanción de su propio texto constitucional, producido en 1996, Buenos Aires debió adaptarse a su nuevo estatus, un proceso en el que debió sortear una larga serie de obstáculos, de los que no fueron menores los que proveyó la Ley Cafiero, que le vedaba el acceso a la flamante ciudad autónoma a controlar algunos de sus servicios, como por ejemplo, los de Justicia y Policía.
En esa evolución, fue posible observar la consagración de derechos y políticas que son consideradas modélicas en el resto del país y alentaron un paralelo desarrollo en algunas de ellas. Para muestra basta recordar que, luego de que en 2002 se sancionara la Ley de Unión Civil en la Ciudad, en 2010 se sancionó a nivel nacional la Ley de Matrimonio Igualitario.
Dentro de este complejo panorama, las empresas de servicios públicos no acompañaron a la Ciudad. Existen redes de distribución de los servicios que son vetustas y son reparadas con morosidad, en especial las de gas y electricidad.
Caos telefónico
De todos modos, las empresas telefónicas son las que lideran el ranking de las quejas de los porteños. Paradójicamente, si bien el servicio que entregan dista de la excelencia, el problema radica en especial en las formas de comercialización. Los planes son confusos y son modificados constantemente, por lo que los usuarios deben acudir permanentemente a mediaciones y reclamos de distinto tenor para hacer valer sus derechos.
Estas empresas son las destinatarias de aproximadamente el 60 por ciento de los reclamos de los usuarios de servicios. A la cabeza de todos figuran las empresas de telefonía móvil, seguidos a no mucha distancia por las de telefonía fija. Los clientes se quejan en especial por la facturación de las empresas y por fallas en los equipos. Telecom también lidera el cuadro de la morosidad, ya que son los que más tardan en reparar los desperfectos.
La Ciudad controla
La Ciudad no controla los servicios nacionales, pero sí tiene jurisdicción sobre las concesiones de alumbrado público, higiene urbana, residuos patogénicos, autopistas, estacionamiento medido, multas fotográficas, semáforos, subterráneos, taxis, tendidos de televisión por cable, colectivos y transporte escolar.
De estos servicios se ocupa el Ente de Control de los Servicios Públicos Privatizados, además de la oficina de Defensa del Consumidor y, eventualmente, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
En este sentido, Fernando Barrera, integrante del directorio del ente, manifestó que “el servicio que mereció más quejas fue el de recolección de residuos patogénicos, que suele ser el más cuestionado. Suelen no dejar los recipientes adecuados a sus clientes y tampoco dejan las balanzas para que sean pesados los residuos que se llevan. Otro problema es que no identifican adecuadamente los residuos”.
Luego, el director del ente aclara que “hasta ahora, ninguno de los problemas mencionados trajo consecuencias graves para la población, pero nosotros trabajamos para visibilizar las denuncias. Por eso, hemos creado una aplicación para celulares, que sirve para denunciar los problemas, que va a estar disponible dentro de poco”.
Los siguientes rubros en los que proliferan los reclamos son, según relata Barrera, “el de alumbrado público y la higiene urbana, que siempre motivan el descontento de los usuarios”.
El controlador aseguró ante Noticias Urbanas que “desde el Ente hemos judicializado los reclamos y hemos aplicado sanciones. Estamos en un nivel récord de los servicios controlados. Tenemos una presencia cada vez más activa en la tarea, mejorando los protocolos internos de trabajo y desarrollando una gestión cada vez más precisa”.
Servicios privatizados. La Ciudad evoluciona, ellos no.
Tarifas que perforan los salarios
Como ocurre muchas veces en las grandes ciudades, Barrera insiste en que el problema principal de los servicios públicos son, además, las tarifas. “Los incrementos que se produjeron en los últimos dos años afectaron profundamente a la canasta básica alimentaria. De los 1.227 pesos diarios que debe gastar una familia tipo para vivir en la Ciudad, 960 se los llevan los impuestos, el alquiler, las expensas, los medicamentos, la luz, el gas y el teléfono. Lo que les queda para vivir son entonces 260 pesos, que en gran parte se destinan a alimentos, que es una suma más que exigua, ¿no?”.
El director de los controladores se queja de que “esta semana, el Gobierno nacional convocó a una audiencia pública para fijar nuevas tarifas, que van a agravar esta situación”.
Para Barrera, “los servicios públicos han aumentado por sobre la inflación y no solo eso, sino que la dispararon hacia arriba en varias ocasiones. Esto genera que decaiga el nivel de consumo, que según la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) viene cayendo en un ocho por ciento este año”.
Dentro de este panorama, el controlador aseguró que los servicios en la Ciudad son bastante deficientes. “Uno de los más cuestionados, en general, es el del concesionario del subterráneo, que es demasiado caro, ofrece una baja calidad en la prestación y sufre una ausencia de inversiones alarmante”.
Detallando, Barrera advierte que “la Línea E presenta un estado desastroso, producto de la baja inversión. Entretanto, la Línea D tiene como característica su material rodante muy vestuso. La Línea B, por su parte, sufre por problemas de seguridad, como puertas que se abren con los vehículos en marcha, por ejemplo”.
Yendo al resto de los servicios, Barrera advierte que las empresas que proveen electricidad “plantean que hoy hay cortes programados. Hay cortes todo el año, no solo en este tiempo, en que está por empezar el verano. Hasta ahora no fueron masivos porque fueron de unas dos horas promedio y de noche, pero ahora llega el calor y eso afecta aún más la prestación”.
Precios indomables
El nivel de aumentos afectará seriamente el nivel de vida de los argentinos. La nafta, por lo pronto, es la segunda más cara de Sudamérica, detrás de la de Uruguay, que compra en el exterior toda la que utiliza.
La logística, por su parte, se verá afectada en sus precios a causa del incremento del 50 por ciento en los peajes de la Ciudad. Esta circunstancia impactará en los precios de todos los productos de la canasta básica.
Además, el transporte público se verá golpeado por el recorte de los subsidios, que podrían llevar a un aumento en el boleto que oscilaría entre el 50 y el 80 por ciento. El costo treparía de los 6,50 pesos a los nueve u once pesos.
Con respecto a los servicios de energía eléctrica, entre abril de 2016 y septiembre de 2017 subieron las tarifas en un 141,13 por ciento, y en el período que va de noviembre a febrero habrá otro incremento, motivado en un plan de quita de los subsidios.
El gas aumentará nuevamente el 1º de diciembre, que se sumará al 343 por ciento promedio que aumentó para los usuarios residenciales.
El servicio de agua que brinda AySA aumentó entre abril del año último y septiembre de este año un 420 por ciento en promedio para los porteños y volverá a incrementar sus tarifas este año.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno previó en el presupuesto en el Alumbrado, Barrido y Limpieza un aumento de entre el 20 y el 23,4 por ciento, que es una cifra claramente superior a la inflación. Por el contrario, Rodríguez Larreta plantea una baja en el impuesto a los Ingresos Brutos, lo que planteará un impacto desequilibrante de las medidas, que golpearán a los consumidores y favorecerán a los comerciantes y a los empresarios.
El desafío que viene en los próximos años encuentra al Gobierno intentando que las variables no se desborden, pero para eso deberá equilibrar el impactos de sus medidas entre todos los sectores sociales, porque hasta ahora se han visto perjudicados la clase media y los sectores más bajos de la escala salarial, que fueron arrasados por aumentos salvajes, a la vez que se le puso freno a sus reclamos salariales.
