La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, con el voto unánime de los jueces Esteban Centanaro, Carlos Balbín, y Mariana Díaz, ordenó constituir una Mesa de Trabajo para que el Ministerio de Educación porteño brinde la información faltante sobre la reforma educativa.
El tribunal entendió que debe brindarse la información requerida por los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno en representación de los estudiantes, como la información que requieren los padres patrocinados por el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, para lo cual resulta adecuado fijar la mesa de trabajo siguiendo las siguientes pautas:
En cuanto al cronograma, se considera suficiente que la mesa de trabajo no supere los dos encuentros, pudiendo ser uno en caso de dirimir los aspectos que se consideran pendientes de abordaje, lo cual no importa emisión de opinión alguna por parte del tribunal acerca de su específica pertinencia, sino disponer de un tiempo y espacio para lograr, por la vía ordenada en la audiencia indicada, satisfacer las inquietudes que generan incertidumbre en los actores.
Las fechas deberán ser combinadas entre las partes, lo mismo que el lugar de encuentro y comunicadas al juzgado de trámite.
En referencia al temario, el objeto del temario debe comprender todo aquello que aún no se hubiera visto satisfecho en relación con los punteos presentados por los asesores tutelares y por los padres patrocinados por la defensa oficial.
Los sujetos identificados en la audiencia de fecha 31/10/17. Ellos son: el Ministerio Público Tutelar y dos representantes de los estudiantes; los cuatro padres designados para intervenir y presentes en la audiencia –actores en la causa “Llobet”–, junto con el Ministerio Público de la Defensa; representantes de la Procuración General de la CABA y del Ministerio de Educación; el Dr. Ordas, padre y abogado en causa propia en los autos conexos “Ordas”.
Y, por otro lado, el tribunal considera adecuado que un veedor judicial integre la mesa de trabajo, el que deberá informar en el proceso y por escrito lo ocurrido en el marco de los encuentros que al efecto se produzcan.
Para llevar a cabo tal cometido, la jueza de primera instancia Cecilia Molica Lourido deberá designar a un funcionario judicial de los que prestan funciones en el tribunal a su cargo.