Luego de una ronda de consultas en la reunión de Comisión de Derechos Humanos, se confirmó que los diputados de la ciudad aprobarán, en la sesión del jueves 14, la creación de la "Comisión para la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas de los Hechos Represivos ocurridos el 20 de diciembre de 2001". A partir de ello, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Alicia Pierini, decidió impulsar otro proyecto de norma para resarcir económicamente a las victimas de la masacre de ese día.
Este último, no es de carácter legislativo, sino que en esta ocasión, Pierini consideró que debería ser puesto en práctica mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Por este motivo, el proyecto fue enviado a la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Jorge Capitanich y a distintos organismos de derechos humanos, entre los que se encuentra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Los montos que fija el proyecto son de 220 mil pesos para los herederos de las personas fallecidas, y hasta 110 mil pesos para las personas con lesiones graves, según lo establecen los artículos 90/91 del Código Penal. La diputada peronista utiliza la palabra "equivalente" para referirse a los montos de los subsidios, a raíz de que prevé que puedan llegar a utilizarse lecops como forma de pago.
En el caso de los 6 o 7 fallecidos – aún esta en duda el numero total -, los herederos deberán acreditar el vínculo con la víctima y formular la aceptación de la indemnización dentro de los 180 días ante la autoridad de aplicación – que según lo establece el presente proyecto, sería la Jefatura de Gabinete de la Nación -, junto con un número de cuenta en el Banco Nación, para que se le haga efectivo el pago. En cuanto a los heridos, deberán presentar un certificado médico que acredite la lesión grave, su localización, tratamiento y medicación asignada y pronóstico de recuperación o secuelas.
"La naturaleza jurídica de subsidio indemnizatorio – expresó Pierini – se explica porque al ser subsidio lo dispone unilateralmente el Estado y no es recurrible judicialmente, y al ser indemnizatorio, es a cuenta de mayor cantidad que eventualmente en juicio civil pudiera corresponderle". El cobro del presente subsidio indemnizatorio no implica para los beneficiarios renuncia a la acción civil resarcitoria de daños y perjuicios, ni tampoco para el Estado aceptación de responsabilidad alguna.
"El monto de 220 mil pesos es análogo al que estableció la ley 24.411 para los asesinados por la dictadura militar. En cuanto a los subsidios por lesiones graves, decidí ampliar la fecha porque hubo heridos desde el 19 a la noche hasta el 21 a la madrugada", finalizó la legisladora porteña.
