La temperatura política empezó a subir el 6 de diciembre último, cuando el juez Claudio Bonadio dictó varias prisiones preventivas que enrarecieron el clima en la Argentina y provocaron que una multitud saliera a la calle al día siguiente, generando una tensión adicional a las que ya viven cotidianamente los argentinos.
Tratando de desenredar la madeja de lo que pasó, o pasándolo en limpio, se podría decir que Bonadio dictó prisiones preventivas para el secretario general de la Presidencia en tiempos de Cristina Kirchner, Carlos Zannini; para el piquetero Luis D’Elía, y para la propia Cristina Fernández de Kirchner, que se sumaron a otras prisiones ya dictadas anteriormente para el exministro Julio de Vido y para el exvicepresidente Amado Boudou, por citar a algunas figuras que tuvieron protagonismo durante el gobierno anterior.
Así, parece necesario volver al tema de la prisión preventiva, porque Bonadio las dictó para todos los nombrados y pidió además el desafuero para la expresidenta. La acusación es por traición a la Patria y la causa es la de encubrimiento en la causa AMIA, que es concurrente con la investigación sobre la muerte del fiscal de ese mismo juicio, Alberto Nisman.
No nos sobran las respuestas, pero sí los interrogantes, por lo que intentaremos hacernos algunas preguntas. La primera es: ¿son o serían presos políticos los detenidos en esta causa? Es decir, ¿lo son Zannini, D’Elía o Cristina Fernández, eventualmente? Todo preso es político, decía Carlos “el Indio” Solari, quizás sin conocer un dato duro: más del 50 por ciento de los presos en las cárceles argentinas tiene prisión preventiva. Esto la convierte en una práctica habitual. ¿Se puede aplicar a CFK o a cualquier otro preso en la Argentina? Sí, se puede y no necesariamente eso los convierte en presos políticos, aunque neguemos de ese modo la hipótesis de Solari.
La segunda pregunta es: ¿a quién le conviene esto que está pasando hoy en la Argentina? Si el Gobierno propone votar un paquete de reformas importante, y precisamente en el momento en que necesita tener alineados a todos sus aliados alguien genera una polémica de esta envergadura, que pone al grueso del peronismo a enfrentarlo, entonces este claramente no fue el beneficiario de la medida.
A Bonadio hoy –nos consta– lo cuestionan en buena parte de los ministerios. Si en el Gobierno venían pensando en un fin de año fructífero en materia legislativa, en función de las reformas que planteaban, a partir del pasado miércoles tendrá que repensar o generar nuevas estrategias para lograr sus objetivos.
Una tercera pregunta es: ¿está bien o está mal que toda esta gente esté presa? Existe una legislación, existe una primera y segunda instancias, existe una Corte Suprema de Justicia, una Cámara de Casación Penal y a todas ellas se puede acudir. Transformarnos nosotros en opinólogos y en expertos en jurisprudencia es absolutamente inútil, además de irresponsable. Esto se está discutiendo desde hace rato y ya hemos escuchado todas las versiones a favor y en contra.
Pero si los hechos nos obligaran a expresarnos, afirmaremos que lo único seguro y necesario es estar ajustados a derecho. Existe una ley, existe un Poder Judicial y todo debería caminar por esa senda. Así sumaríamos otro granito de arena al funcionamiento de las instituciones. El reclamo central de toda la sociedad argentina –y la solución a la crisis institucional heredada, no solo del gobierno anterior– es que exista un Poder Judicial independiente, y este, el actual, con todas sus falencias, debería dar el primer paso. Esperamos que cumpla y que logre purgarse a sí mismo, ya que sin Justicia independiente y sin celeridad no existe un Poder Ejecutivo viable. Ninguno.
