Los legisladores porteños de Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, Mariano Recalde, Leandro Santoro, Paula Penacca, Victoria Montenegro, Andrea Conde y Lorena Pokoik, le enviaron este lunes una carta al ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, Martín Ocampo, pidiéndole que “garantice la seguridad de los manifestantes” que concurrirán al Congreso de la Nación para protestar en contra de la cuestionada reforma previsional que impulsa el Gobierno nacional.
Los diputados porteños le realizaron el pedido a Ocampo, porque el ministerio que el maneja está a cargo de la Policía de la Ciudad, fuerza de seguridad a cargo del operativo.
A continuación la carta completa a la que accedió Noticias Urbanas:
At. Sr Ministro de Seguridad y Justicia
Sr. Martín Ocampo
Los/as abajo firmantes, Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a usted a fin de expresarle nuestra preocupación frente a los reiterados hechos de violencia policial que se sucedieron en las últimas movilizaciones masivas, especialmente el pasado jueves 14 de diciembre.
Asimismo, le solicitamos que arbitre las medidas de su competencia en pos de garantizar la seguridad de los/as personas que participen de la próxima movilización en rechazo a la reforma previsional impulsada por el oficialismo con motivo de la sesión convocada para este lunes 18. Principalmente exigimos que la intervención policial se desarrolle de acuerdo a lo establecido en los artículos 99 y 100 de la Ley N°5.688, garantizando el respeto y la protección de los/as participantes.
En el último año, las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires han recrudecido el uso de la violencia en los procedimientos realizados en el marco de manifestaciones públicas, vulnerando derechos fundamentales, tales como el derecho de protesta y de libre expresión. Desde su conformación, la nueva Policía de la Ciudad ha protagonizado varios operativos que culminaron en represión.
El uso desproporcionado de la fuerza como así también la presencia de efectivos sin identificación y la persecución a los/as trabajadores/as de prensa son algunas de las irregularidades en las que incurren las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, no hay claridad sobre los protocolos de intervención y de uso de armas disuasivas que se encuentran vigentes y se utilizan durante las manifestaciones, lo que habilita un uso indebido de las mismas.
La Ley de creación del Sistema Integral de Seguridad Pública en la Ciudad de Buenos Aires fue producto de un amplio debate entre todas las fuerzas políticas. Uno de los principales avances incluidos en la nueva ley fueron los artículos 99 y 100 que regulan el accionar policial en caso de manifestaciones públicas. Sin embargo, a un año de su sanción, y tal como lo hemos reflejado en numerosos pedidos de informe presentados en la Legislatura que nunca han sido contestados, vemos como ésta ley se incumple sistemáticamente, poniendo en riesgo los derechos de los/as participantes de las distintas movilizaciones sociales.
En este sentido, le solicitamos que instruya a la Policía de la Ciudad a atenerse a las bases y principios consagrados en la normativa local e internacional respecto a intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, garantizando el respeto y la protección de los derechos de los participantes.
