La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, anunció que el gobierno decidió “abrir a consulta” un proyecto de reforma de la Ley de Etica Pública. La ex diputada de Cambiemos anticipó que el proyecto tiene un capítulo dedicado al nepotismo (flamante tema de interés oficial), otro a los conflictos de intereses que son regla en un gabinete de empresarios y CEOs, y un tercero a la presentación de declaraciones juradas. La nueva ley será “más amplia, profunda e incorpora(ría) novedades institucionales relevantes”, escribió Alonso en Twitter.
A mediados de febrero vamos a abrir a consulta nuestro proyecto de nueva ley de #éticapública que es más amplia, profunda e incorpora novedades institucionales relevantes. Esperamos recibir aportes y contribuciones de todos #Novaresio910 @luisnovaresio
— Laura Alonso (@lauritalonso) January 31, 2018
“Estamos sometiendo a consulta pública durante un mes una propuesta de reforma integral de la Ley de Ética Pública. En la ley hay un capítulo sobre la cuestión del nepotismo. La discusión de una gran reforma de la Ley de Ética Pública va a servir también para abrir estas iniciativas al Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público“, propuso Alonso.
“Que sea el Congreso el que dé esta discusión y establezca este régimen u otro pero que lo legisle para todo el Estado” y sugirió que hay tres sectores “que necesitan aumentar su transparencia y funcionamiento interno: la Justicia, el sindicalismo y las instituciones deportivas. Es un objetivo que tenemos para este año”, adelantó.
El proyecto de reforma de la Ley de Etica Pública redactado por la OA fue trabajado junto a diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales, según se anticipó. En el capítulo sobre “conflictos de intereses” se propondría que presidente y ministros deben desprenderse de acciones o títulos emitidos por sociedades vinculadas a su área “o cuya cotización pudiera verse influenciada”.
“El decreto es un gesto cargado de símbolo, pero se van a perder funcionarios valiosísimos”, se lamentó Nicolás Massot, jefe del bloque Pro, en declaraciones radiales.
El proyecto también prohibiría “realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones”, “proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia” e “intervenir en gestiones judiciales contra el Estado”.
Sobre las declaraciones juradas, se exigiría hacer públicos los bienes de cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, y enumerar actividades laborales previas y vínculos con asociaciones o fundaciones para detectar incompatiblidades. El proyecto propondría además que deban presentar declaraciones patrimoniales “quienes dirijan cuerpos que administren obras sociales”, inciso que apunta a los dirigentes gremiales.