El presidente Mauricio Macri ya cumplió la mitad de su mandato. El balance es clarísimo, en cuanto a que hubo despidos masivos, tanto en el sector público como en la actividad privada. Lo poco que “se recuperó” en 2017 fue a costa de mayor empleo en negro, tercerizado o monotributista: el empleo industrial, base de los puestos de trabajo de calidad, sigue muy por debajo de los valores de 2015.
A esto sumémosle que los salarios cayeron fuertemente frente a la inflación en estos dos años. Los tarifazos, las astronómicas remarcaciones de alimentos y artículos de limpieza por parte de los supermercados y las aún mayores subas de los medicamentos pulverizaron los sueldos, las jubilaciones y, ni que hablar, los miserables subsidios de ayuda social. En 2016, la pérdida salarial promedio fue de entre 6% y 15%, según las distintas estimaciones. En 2017, si bien los números estadísticos oficiales dan un “empate” entre salarios e inflación, cuando lo comparamos contra la canasta de consumo de los asalariados (ni que hablar si ponderamos el efecto real de los tarifazos, que en algunos hogares llega a representar hasta el 10 por ciento del total de ingresos) observamos que salvo gremios puntuales (bancarios o aceiteros), ninguno logró recuperar el poder de compra perdido.
Aunque el Gobierno se la pasó hablando de que la economía se iba a recuperar “en el segundo semestre” (de 2016), que ya se veían “los brotes verdes” y otras mentiras, la realidad es que terminamos 2017 con niveles de consumo popular por el piso y grandes sectores de la industria con la producción en baja. Todo esto más allá de que, al comparar con los números de 2016, se termine 2017 con un número (no muy alto) de crecimiento del PBI.
La contracara de este ajuste contra los trabajadores está en “los que ganaron”: los monopolios exportadores del agro, beneficiados con la baja de retenciones y la devaluación; los bancos, que volvieron a obtener superganancias récord; los especuladores de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la que más ganancias dio en el mundo en 2017; los importadores de autos, especialmente los de lujo, y, por supuesto, los acreedores externos, que siguen de fiesta entre lo que cobran de intereses y el nuevo endeudamiento.
Se viene un mayor ajuste
Después de las elecciones legislativas, el Gobierno se lanzó a profundizar el ajuste. Impuso una reforma jubilatoria que le significó dejar de pagar casi 100.000 millones de pesos, que se les extrajo a los beneficiarios del sistema. El Gobierno afirma que para que la economía crezca y “lleguen las inversiones”, hay que achicar el déficit fiscal. Se trata de una vulgar mentira y es una excusa para seguir atacando a los trabajadores y garantizar mayores privilegios al capital. Primero y principal, porque si lo que realmente quieren es “achicar el déficit” deberían subir los impuestos a los sectores de mayores ingresos y riqueza, aunque la perspectiva es justamente la contraria: bajaron el impuesto a las ganancias de las empresas de 35% a 25% y redujeron los aportes patronales y las retenciones a los monopolios exportadores. Y, en lo que respecta al “gasto público”, solo se achicaron los subsidios a las empresas privatizadas, pero el costo no lo pagaron ellas (que siguen ganando fortunas, mientras continúan estafándonos con servicios pésimos) sino los trabajadores y el pueblo, con astronómicos tarifazos. Pero el total del gasto público no bajó, porque lo que se ahorró en estos menores subsidios se lo gastó en mayores pagos de intereses de la deuda. ¡Esto es lo que hace que el famoso déficit fiscal siga tan alto como siempre!
El Gobierno insiste con que “tiene que bajarlo” en 2018. Para eso es el robo de 100.000 millones de pesos a los jubilados y la feroz tanda de despidos de trabajadores estatales.
Macri quiere también ponerles un techo de 15% y sin cláusula gatillo a las negociaciones paritarias, haciendo que los trabajadores otra vez sufran un recorte en el poder adquisitivo de sus salarios. Es un secreto a voces que la inflación de este año difícilmente baje de 20%, cosa que ya se visualiza con la nueva tanda de tarifazos.
Lo que más crece es la deuda externa
El Gobierno de Cambiemos se lanzó a un endeudamiento desaforado, tanto a nivel nacional como en las provincias. Si sumamos el endeudamiento nacional, el provincial y las letras del Banco Central nos acercamos al increíble número de 400.000 millones de dólares. Un monto a todas luces impagable. Para no perder la costumbre, el Gobierno inauguró enero de 2018 con 9.000 millones de dólares de nueva deuda, de un total programado para el año de 25.000 millones. Todo esto hace que crezca también el monto de intereses en efectivo que hay que pagar año a año. Digámoslo claramente: el ajuste en el sector público (despidos, bajas jubilatorias, salarios de estatales, docentes y trabajadores de la salud a la baja) es para garantizar esos pagos.
Todo este nuevo endeudamiento sirve para “engrasar” el mecanismo de la llamada “bicicleta financiera”: los dólares son pasados a pesos por los especuladores, con eso compran las Lebac, lo que les permite hacerse una ganancia única en el mundo de 28% (en pesos, porque en dólares sería del 6%, claro que los mecanismos del carry trade permiten “entrar y salir” en momentos de dólar estable y transformar ese 28% en una ganancia efectiva, aún en la divisa fuerte), para después “volver” al dólar y terminar fugando esos capitales del país. El Gobierno de Macri les garantiza el negocio por partida doble: les ofrece los dólares que obtiene con mayor endeudamiento para luego, vía el Banco Central, ofrecerles Lebacs con beneficios astronómicos. La apertura y la desregulación financiera están al servicio de esos negociados.
La excusa de que todos esos privilegios para los sectores de mayores ingresos y riquezas garantizarán “nuevas inversiones” y que eso generará crecimiento económico y un derrame hacia los sectores de menores recursos es falsa. Como ejemplo tenemos a los monopolios exportadores, privilegiados particularmente por el Gobierno de Macri, cuyas exportaciones no solo no crecieron, sino que se redujeron en el sector agrícola (hubo un crecimiento “marginal” en el total, pero lejísimos de los 83.000 millones de dólares 2010; de hecho hoy seguimos vegetando por debajo de los 60.000 millones) generando un espectacular déficit de balanza comercial (la diferencia entre exportaciones e importaciones) de 8.500 millones de dólares.
Este déficit, una vez más, fue “compensado” con más deuda externa. Ahora la suba del dólar, que en los últimos dos meses alcanzó un 13%, significa nuevas ganancias para los exportadores, que pagarán los trabajadores con los aumentos que esa devaluación generará sobre los precios de consumo popular.
El presidente Macri dice que el “nuevo modelo de la Argentina que se abre al mundo” va a traer inversiones y prosperidad. La realidad es que lo que garantiza el Gobierno de Cambiemos es profundizar la semicolonización del país y la entrega de nuestras riquezas al capital transnacional, como se ve con los alimentos, el petróleo (con el ejemplo de Vaca Muerta) y el conjunto de los recursos naturales. Un país con mayores superganancias para las grandes empresas y, como contrapartida, más miseria y marginación para los trabajadores y el pueblo, encadenada a la sangría eterna de pagar cada vez más deuda externa.
(*) Economista y dirigente de Izquierda Socialista