Tras el trágico accidente del 2004, YCRT recibió fondos de forma sistemática de parte del Gobierno Nacional – 20 mil millones de pesos hasta el 2017 – en función de recuperar la mina destruida por el derrumbe y re-acondicionarla para la producción de carbón. De todos modos, cuando la nueva gestión arribó a la mina en el 2015 se encontró con una mina abandonada y una red troncal de ventilación aún destruida. La justicia ya abordó directamente el rol de De Vido en el manejo de la cartera que financiaba a YCRT durante la gestión anterior, acompañado por las causas contra otros funcionarios involucrados, pero aún quedan cabos por atar. De empezar a producir, la puesta en funcionamiento de YCRT podría traer presión en la agenda pública para aquellos involucrados en la intervención kirchnerista, fundamentalmente el ex-interventor. Esto parecería explicar su involucramiento en la huelga impulsada por ATE y los otros gremios de la intersindical.
Por el otro lado, entre la dirigencia sindical también se encuentran razones políticas para la prolongación de la huelga. ATE por sí mismo recibe 20 millones de pesos por año en aportes sindicales, de parte de una planta que no supera los 2400 trabajadores. Esto da cuenta de la connivencia con la gestión kirchnerista en la incorporación de 1700 trabajadores a la mina allá cuando la mina aún no producía y cuando el financiamiento no era ejecutado en la reconstrucción y se licuaba en compras a precios injustificados y desvíos a otros organismos.
A pesar de que las autoridades de YCRT afirman que, tras haber realizado las obras necesarias, la mina está en condiciones de empezar a producir, los intereses de estos actores políticos traban la resolución del conflicto.
