La causa que, por presunta defraudación a la Ciudad, se les instruye a cuatro funcionarios del Consejo de la Magistratura -los consejeros Juan Octavio Gauna y Gloria Bonatto y los directores de Ejecución Presupuestaria Norberto Urfeig y Jorge Luis Suárez- sigue dando sorpresas.
Tal como informó NOTICIAS URBANAS, la diputada porteña Alicia Pierini presentó el martes, ante el juez Ricardo Warley, un escrito en el que remarcaba que los acusados estaban advertidos por la Procuración General de la Ciudad sobre la obligación legal de llevar a cabo licitaciones públicas para las compras y contrataciones que realizaran. Junto al escrito, la legisladora presentó un informe de la Procuración que desaconsejaba el alquiler de unas oficinas para el Consejo de la Magistratura, ubicadas en Córdoba 832, que se pretendía realizar en forma directa. Sin embargo, eso no es todo. Hay otro punto para destacar.
Se trata de la contratación directa a la "empresa" "Floppy Sistems" para la compra de 290 computadoras, 200 impresoras, 60 scanners y 125 teléfono-fax, que el Consejo llevó adelante en diciembre de 1999.
La primera curiosidad es que esta contratación directa -fundada en razones de urgencia- se realizó para el fuero contravencional y de faltas, en simultaneidad con el llamado a concurso para el nombramiento de cargos. Como es de público conocimiento, ese fuero aún hoy no fue nombrado -los concursos, también cuestionados, van por sus fases iniciales- y, según denunció Pierini, el edificio destinado para el mismo, ubicado en Hipólito Yrigoyen 932, se encuentra aún vacío y sin refaccionar. Cabe recordar que ese inmueble también fue comprado sin licitación y de "urgencia" en 1.550.000 dólares y que un año más tarde, también de apuro, el Consejo adquirió en 2.250.000 dólares otro edificio en Tacuarí 138 con el mismo fin.
"¿Dónde estarán las 290 computadoras, 200 impresoras, 60 scanners y 125 faxes comprados de urgencia, si tampoco hay edificio para dicho fuero?", se pregunta la diputada en el escrito presentado. Es un misterio, aunque posiblemente los 412.825 dólares que se gastaron en la compra sean un tema menor, comparado con los 3.800.000 dólares que costaron los edificios, adquiridos sin licitación y sin pedir tasación al Banco Ciudad.
Otro detalle de la compra informática es que "Floppy Systems" no es una empresa, sino el nombre de fantasía de un particular que, además, no tiene comercio a la calle. La transacción con Floppy Sistems fue aprobada el 21 de diciembre de 1999 y el verdadero nombre del vendedor figura en el expediente en un escrito firmado por éste el 27 de ese mes, es decir, seis días después de haber sido resuelta la compra.
"El Consejo ni siquiera se preocupó de contratar con una persona física o jurídica, ni de tomar recaudos previos (inscripción en proveedores del Estado, por ejemplo) sino que contrató a un nombre de fantasía. Así, podría haberle comprado al Gordo Valor o a algún contrabandista, nunca se sabe", subrayó la diputada.
Pierini también señaló que el desarrollo del expediente de la compra tiene también "incoherencias internas" que lo hacen sospechoso de haber sido "fabricado" a posteriori. La misma duda surge con otro documento, referido a una contratación que el Consejo realizó con la empresa IMPES SRL de circuito cerrado de video. "Aquí también la confección del expediente ha sido desprolija en su congruencia de fechas. El día 16 de noviembre del 99 Urfeig aconseja contratar con IMPES SRL, pero todos los presupuestos que se muestran como habiendo intervenido en la ‘licitación’ tienen fechas posteriores y, por nota del 29 de diciembre, el mismo Urfeig dice que IMPES ha cumplido con los requisitos de la ley. Todo parece indicar que IMPES SRL ya estaba elegida de antemano para esta compra, que es tan irregular como todas las demás que se han denunciado", argumentó la legisladora porteña.
