Pensar una ley de contrataciones moderna para la Ciudad implica encontrar el perfecto equilibrio entre varios ítems: la eficiencia del sistema de compras del Estado, el cumplimiento de garantías para que puedan acceder todos los proveedores y el cumplimiento de requisitos mínimos por parte de los proveedores para acceder al sistema de compras.
Siguiendo algunos lineamientos internacionales en la materia, debemos profundizar la formación y jerarquización de los funcionarios públicos de las áreas de Compras, así como también la planificación de las compras y la incorporación de un sistema informático eficiente. Es primordial la aplicación del principio de confianza. Esto significa revertir la desconfianza en los funcionarios y la desconfianza en los proveedores, revalorizando el principio de buena fe, además de incluir medidas anticorrupción. Se debe apostar a la creatividad de los proveedores y no a que los proveedores deban tan sólo cumplir con reglas cerradas. Por esto, y con el fin de agilizar la convocatoria y encontrar las propuestas más convenientes para cada contratación, se prevé la posibilidad de convocar a una etapa previa a la redacción del pliego final. Es importante flexibilizar los requisitos de los pliegos y otorgar suficientes garantías para que los oferentes puedan cuestionar el procedimiento, incentivando la contratación directa en la mayor cantidad de casos, simplificando las garantías requeridas y agilizando los plazos. Así también, tenemos que establecer mecanismos de control adecuados de rendición de cuentas, de resultados y auditoría interna, manteniendo informada a la gente y recabando su opinión sobre los resultados logrados.
Entonces, en el texto de la ley se ha regulado lo referido a contrataciones, concesiones y servicios, compraventa, locación y otras contrataciones administrativas. Se han incluido entre los principios generales a los que deberán ajustarse las contrataciones los establecidos en la COVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN: razonabilidad, justicia y eficiencia.
Se prevé también un Programa de Capacitación Permanente obligatorio para todos los encargados de las Unidades Operativas y un Registro de Ciudadanos Observadores contra la Corrupción, con la posibilidad de que se inscriban en él ONG’s que tengan entre sus objetivos la transparencia y la anticorrupción en la gestión pública y estudiantes universitarios.
Este proyecto prevé la incorporación de nuevas herramientas de Internet que permitan, en términos de difusión masiva a un muy bajo costo, la transparencia y difusión del proceso de compras. Siguiendo en este punto el ejemplo de la ley chilena, se ha propuesto un Sistema de Información e Intermediación de Compras vía Internet.
Además, la idea es que los distintos organismos que conforman el Sector Público de la Ciudad tengan un plan de compras anual, aprovechando la capacidad de compra del Estado para bajar los costos.
Para la etapa de preadjudicación hemos propuesto la constitución de un Registro de Expertos en el que podrán inscribirse profesionales de todas las disciplinas, que serán designados en cada caso por sorteo, con el fin de garantizar la profesionalidad de los informes técnicos.
Con relación a la concesión de servicios públicos, está prevista la necesidad de que la Legislatura los califique como tales. Se han incorporado incompatibilidades para la prestación de los servicios públicos, por ejemplo a las organizaciones extranjeras que hayan sido condenadas por delitos como lavado de dinero, tráfico de armas, violación de derechos humanos y narcotráfico. De aprobarse tales medidas, estaremos entre los países que prevén en su legislación medidas expresas para propender a la transparencia de los mercados.
Es un hecho innegable que el Sector Público continúa y continuará siendo el sector más importante de muchas economías, constituyendo el mayor comprador de bienes, obras y servicios de casi todos los países y probablemente el cliente más importante del Sector Privado.
