El juez federal Claudio Bonadio cerró la investigación y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue enviada a juicio oral y público para ser juzgada por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.
Asimismo, otras once personas acompañarán en el proceso a la exmandataria, entre las que se encuentran el excanciller Héctor Timerman y el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zanini.
En su resolución, Bonadio sostuvo que “dadas las probanzas recolectadas en este sumario, se consideran reunidos los extremos necesarios para que el mismo pase a su ulterior etapa, en relación a los doce imputados indicados al comienzo de la presente resolución, como acertadamente propician el Sr. Fiscal y las querellas”.
Por otra parte, junto con Cristina Kirchner, Zanini y Timerman, también han sido enviados a juicio oral el exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el exfuncionario del Ministerio de Justicia, Juan Mena; el diputado nacional, Andrés Larroque; el exvicecanciller Eduardo Zuain; el dirigente de la comunidad, Juan Khalil; el dirigente social, Luis D’ Elía; el extitular de Quebracho, Fernando Esteche y el agente de inteligencia, Alan Bogado.
Al respecto, la exjefa de Estado tiene prisión preventiva, la cual no se concretó ya que tiene inmunidad de arresto por sus fueros como senadora nacional. En tanto, Zanini, D’Elía, Esteche y Khalil están presos desde diciembre pasado, con motivo de que el juez Bonadio consideró que en libertad podrían entorpecer la investigación.
Esta es la tercera causa en la que Cristina Kirchner es enviada a juicio oral. La primera fue el caso del dólar futuro y el viernes pasado se elevó el expediente por las irregularidades en la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez.
Por su lado, Timerman estuvo bajo prisión domiciliaria hasta enero, cuando fue excarcelado por razones humanitarias, relacionadas con su salud.
Los acusados fueron procesados por Bonadio por los delitos de traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional. La Cámara Federal confirmó los dos últimos delitos, revocó la traición a la patria y sumó el de abuso de autoridad
