A raíz de la marcha que Hugo Moyano coordinó para el pasado 21 de febrero, el Estado anunció una suerte de contraataque: realizaría auditorías de balances, transferencias y obras sociales a 80 sindicatos, incluso al de Camioneros que es, en definitiva, se trataba de uno de los mayores propulsores de la movilización contra la gestión de Mauricio Macri.
Este martes por la tarde está en ejecución un operativo de investigación a la obra social de Camioneros, Oschoca. Fue el juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, quien remitió un exhorto a Claudio Bonadio para que investigue un supuesto lavado de dinero, en el marco de la compra de unos terrenos en La Falda para el gremio.
Para esto, en la sede ubicada en Constitución fueron requeridos los libros contables y societarios.
La diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña, denunciante en la causa, ratificó días atrás sus sospechas y explicó: “Vamos a demostrar que los fondos de la mutual, el gremio y la obra social van a empresas de Hugo Moyano. Creo que no existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social”.
Asimismo quiere que la Justicia intervenga tanto la obra social como las empresas vinculadas a Moyano.
