Era uno de los puntos que trababan el tratamiento de la reforma política, esa que promete revolucionar y transparentar el voto electoral con la implementación de la boleta única electrónica. El proyecto de Cambiemos, que tuvo media sanción en Diputados en 2016, borró el capítulo dedicado al financiamiento político para conquistar el apoyo del Frente Renovador y el PJ en el Congreso de la Nación. En Casa Rosada insisten con que este año saldrá en el Senado la reforma electoral, pero en paralelo trabajan por una nueva ley que habilite a las empresas a financiar campañas electorales, algo que hoy está prohibido por la actual normativa. Al frente de esta iniciativa están el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.
El proyecto propone modificaciones a la Ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos y otras modificaciones puntuales al Código Nacional Electoral y a la Ley 19.108 Orgánica de la Justicia nacional electoral. En un borrador que circula por esas oficinas se habla de las “deficiencias del régimen vigente” y se apoya en un “diagnóstico” a cargo de especialistas, juristas y de los propios partidos políticos. En concreto, también propone la “bancarización” de los aportes de campaña, la creación de un registro de aportes y gastos en tiempo real, otro para los proveedores de publicidad en la vía pública y refuerza los controles sobre el dinero para evitar que provenga de actividades ilícitas. También fija nuevas reglas para el propio Gobierno en la regulación de su pauta oficial y actos de gobierno durante la campaña y establece un régimen de sanciones para combatir “el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios”.
Hay otro capítulo dedicado a las provincias: ante el complicado escenario que significa establecer un cronograma nacional para los comicios, ahora se busca que al menos las provincias puedan adherir a este régimen de financiamiento. Por último, propone aumentar el número de auditores de la Cámara Nacional para cumplir con “un reclamo histórico de la Justicia electoral”.
Cerca de Frigerio aseguran que la bajada de línea interna para este año, en torno de la agenda parlamentaria, es “no generar grandes quilombos ni errores no forzados” como los que se desataron alrededor de la reforma jubilatoria. Sin embargo, el financiamiento político podría generar ruido en la sociedad, no porque habilite el financiamiento privado, algo que siempre ocurrió pero de forma anónima y muchas veces non sancta. ¿Quiénes financian a nuestros políticos? En búsqueda de “transparencia”, la propuesta oficialista, cuya fecha en el calendario parlamentario aún no está definida por los bloques de Cambiemos, se hace fuerte en el primer punto: la ruta inmediata del dinero, con la bancarización de los fondos, en sintonía con lo que recomiendan distintas organizaciones internacionales sobre transparencia y ética pública.
“Hemos avanzado mucho en estos dos años. Tenemos Ley de Acceso a la Información Pública y hemos modificado todos los procesos de licitación y adjudicación de la obra pública que, como todos saben, era un foco importante de corrupción. Pero nos falta este capítulo del financiamiento de la política y esperamos poder llegar a un primer consenso entre la sociedad civil, los partidos políticos y la Justicia para después discutirlo en el lugar que corresponde, que es el Congreso de la Nación.” Así de urgente lo planteaba Frigerio durante un seminario que se realizó hace más de una semana en Casa Rosada alrededor del proyecto y en el que estuvieron presentes hasta los titulares de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, además de otros funcionarios judiciales, ONG, legisladores nacionales y provinciales y especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una de las obsesiones presidenciales.
En un documento al que tuvo acceso Noticias Urbanas, elaborado por la Secretaría de Asuntos Políticos, se explica que hoy “gran parte de los aportes a los partidos políticos se realiza en efecto, lo cual dificulta el control de su origen y destino” y es por eso que la “reforma apunta a que los aportes y gastos sean registrados, para que el origen de los fondos que se utilizan en la política tenga mayor transparencia”.
Al explicar uno de los puntos más polémicos, el de los aportes privados, se asegura que la “prohibición” no funcionó como “mecanismo eficaz para garantizar una mayor equidad ni transparencia en las campañas electorales. Por el contrario, existe un fuerte consenso con respecto a que admitir estos aportes con exhaustivos controles y topes razonables garantiza la transparencia electoral y no genera un efecto de cancha inclinada. En este sentido, el proyecto habilita el aporte de personas jurídicas, estableciendo un tope del tres por ciento sobre el total de los gastos permitidos para un partido”.
El año pasado, durante el Coloquio IDEA, hubo una reunión en la que empresarios, sindicalistas, jueces y políticos elaboraron un documento a partir de los cálculos que habían hecho algunos organismos, como Poder Ciudadano, RAP y Cippec, que determinaron que un 80 por ciento de los aportes de campaña eran ilegales. En esa misma sintonía, hay gobiernos provinciales, como el de Santa Fe, a manos del socialista Miguel Lifschitz, que están impulsando una reforma política con el capítulo sobre el financiamiento político también incorporado. Su propuesta, incluso, propone la creación de un Tribunal Electoral que se dedique exclusivamente a esta tarea: la de controlar el origen de esos aportes.
En los Estados Unidos no hay tope para este tipo de apoyos financieros. En la última elección, en la que se impuso el magnate Donald Trump, él mismo pudo financiar con su fortuna su aspiración presidencial, por lo que, en su caso, se dio la excepción de no tener que contar con demasiados apoyos externos. Desde 2010, por un fallo de la Corte Suprema, grupos externos a las campañas y al financiamiento público, denominados Super PACs, pueden recaudar contribuciones ilimitadas y sin obligación de revelar el origen de los mismos, algo de lo que se ha beneficiado y mucho la candidata republicana Hillary Clinton.
En la Argentina, según datos de la Cámara Nacional Electoral sobre la última elección legislativa, en la categoría de ingresos y gastos quedó primero Cambiemos, que recibió 68,7 millones. En segundo lugar, quedó el Frente Justicialista de Florencio Randazzo, con 37,8 millones, y en tercero, Unidad Ciudadana, de CFK, con 25,2 millones. La persona que más aportó fue María Luisa Bárbara Miguens, con 875 mil pesos, seguida por Raúl Lynch y María Montagna, con 500 mil, por delante de Marcos Pereda, que aportó 416 mil. Todos con el mismo destino: Cambiemos.
Para evitar que las empresas no ejerzan presión para quedarse con negocios estatales es que se ha fijado el tope del tres por ciento sobre el total de los aportes de campaña y la imposibilidad de que participen actuales contratistas o empresas de servicios públicos. En una Argentina siempre susceptible, es válido preguntarse: ¿a qué candidato apoyará el sector privado en 2019?