En el inicio del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, anunció que impulsará una serie de reformas en el sistema judicial. En sus palabras no faltaron las críticas al accionar de la Justicia. Rápidamente hubo respuestas. Ni la supresión de la feria judicial ni la extensión de horarios de atención al público por mesa de entradas fueron propuestas aceptadas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia integrada por la mayoría de jueces y fiscales de todo el país.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia elevó a la Corte una serie de propuestas para transformar el Poder Judicial. En lo referido a la extensión del horario de atención y al acortamiento de la feria judicial, fueron taxativos en su negativa. Los magistrados del interior ya se habían expresado en contra de esos cambios por inaplicables.
“En nuestra opinión no advertimos que una modificación en el horario de atención al público o de la feria judicial, logre los beneficios deseados. En el ámbito penal, el horario de atención al público no refleja la cantidad de horas diarias que dura la jornada laboral. En efecto, basta con observar el extenso desarrollo de las audiencias orales, los turnos de los juzgados de instrucción, los turnos de hábeas corpus, el sistema de registro de entrada y salida del personal, el horario en que se digitalizan los documentos al sistema Lex 100 de gestión judicial. Todo ello a modo de ejemplo”, señaló el documento de la Asociación de Magistrados, difundido en simultáneo a la segunda jornada de debates en comisiones que promocionó la Corte.
“Porque en caso de avanzarse con la ampliación del horario de atención deberá adecuarse la retribución salarial”, explicaron. En su lugar, propusieron menos visitas de los abogados a las mesas de entradas por consultas que podrían ser sustituidas por el denominado “expediente judicial”. Calificaron de “efectistas” las intenciones de podar la feria y aumentar las horas.
“Si se elimina la feria judicial, necesariamente se deberá conceder licencias individuales a los respectivos magistrados, funcionarios y empleados”, afirmaron.”Los cambios propuestos impactarían de modo negativo en el sistema de administración de justicia”, concluyó la Asociación.