El desplazado titular de la extinta Unidad AMIA, el radical Mario Cimadevilla, presentó una denuncia penal contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, y contra funcionarios de su cartera. Lo acusó de buscar un “control absoluto” de la querella del Estado para luego desistir de acusar a los exfiscales de la causa AMIA Eamon Mullen y José Barbaccia.
“La decisión [de desistir de la acusación] no respondía al criterio y parecer del equipo de abogados de la Unidad AMIA que se encontraba dedicado al seguimiento del juicio y a la representación del Estado”, aseguró Cimadevilla en su denuncia, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini. Pidió que se investigue a Garavano y a otros diez funcionarios y colaboradores por los delitos de “abuso de autoridad” y “encubrimiento”.
Cimadevilla presentó un escrito de 43 páginas en el que puso al descubierto presuntas internas, comidillas y entredichos que se vivieron al interior de la Unidad AMIA en los últimos dos años. Sobre todo, entre la abogada Mariana Stilman (la persona recomendada por Elisa Carrió para integrar ese cuerpo) y Miguel Inchausti, un hombre de confianza de Garavano.
El exfuncionario detalló desacuerdos entre ambos en relación con las posturas a tomar en el juicio por encubrimiento del atentado. “En marzo de 2017, la doctora Stilman renunció [a representar al Estado] en razón de la conflictiva relación que con ella, y los restantes abogados del equipo, estableció el doctor Inchausti”, escribió Cimadevilla. Aseguró que, vía mail, desde el Ministerio de Justicia le solicitaron que asiente por escrito que la dimisión de la letrada se debió a un “malentendido” con el titular de la unidad especial.
Tras la renuncia de los tres letrados de la querella, en mayo del año pasado Cimadevilla contrató nuevos abogados dentro de la Unidad AMIA: Héctor Enrique Ventos, José Console, Luis Ortea y Valeria Gómez. Siempre según su relato, los letrados entrantes “trabajaron en estrecha y permanente colaboración con los abogados renunciantes”, que permanecieron como colaboradores dentro de su dependencia.
“La decisión de la totalidad de los integrantes del equipo fue la de acusar a todas las personas sometidas a proceso, en función de la contundencia de la prueba producida en el curso del debate”, aseguró Cimadevilla.
El Ministerio de Justicia, sin embargo, señaló en un comunicado que, sobre la base de una presentación formulada por Console, la postura mayoritaria del equipo de abogados fue la de formularle cargos a Carlos Menem y a nueve procesados “no solicitando pena en los casos de Mullen y Barbaccia”.