La Legislatura porteña aprobó ayer un proyecto de ley que ratifica el convenio firmado el 7 de diciembre del año 2000 entre el presidente de la Rua y el Jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. El acuerdo está referido al traspaso de la Justicia Penal nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto fue aprobado ante la ausencia de la izquierda y parte del bloque presidido por el diputado Jorge Argüello. Votaron por la positiva el bloque de la Alianza y el cavallismo y por la negativa los bloques del Frente Justicialista y el de Encuentro por la Ciudad. El miembro informante del oficialismo fue el demoprogresista Oscar Moscariello, que planteó que "la autonomía se traduce en mejores servicios para la gente y en mayor participación de los ciudadanos". Por su parte, la cavallista Marta Oyhanarte calificó al proyecto de "limitado" aunque manifestó su "apoyo crítico".
La diputada peronista Alicia Pierini – al fundamentar la negativa de la oposición – lo calificó de "simulación", además de argumentar jurídicamente acerca de las violaciones al derecho que implicaba el intento de modificar por convenio competencias que sólo el Congreso de la Nación puede alterar. "Es un golpe al sistema de garantías -explicó- alterar la seguridad jurídica del sistema penal. Este es un intento de transformar una figura del código penal en una figura contravencional". También afirmó que "esto es una transferencia al revés, puesto que lo único cierto es que los fiscales que paga la Ciudad van a trabajar para los juzgados nacionales" .
