La Secretaría de Gobierno y Control Comunal dispuso la clausura de dos comercios de venta de productos alimenticios, un supermercado, un restaurante y una panadería, al haberse detectado la falta de certificados sanitario y de libre de marea roja, además de una peligrosa falta de higiene en sus instalaciones. También se realizó un operativo de control de camiones de transporte de sustancias alimenticias, procediéndose al decomiso de 750 kilogramos de productos panificados sin identificación de procedencia y vencimiento.
Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, en el marco del Programa de Control que se viene desarrollando desde la secretaría.
Los establecimientos clausurados están en Aranguren 2947, Cuenca 553, Cuenca 644, Arribeños 2233 y Gaona 3769. En el marco de este operativo, se controlaron 51 camiones de transporte de sustancias alimenticias en la esquina de Eva Perón y General Paz y se decomisaron 750 kilogramos de productos panificados sin identificación de vencimiento y procedencia.
ENRÍQUEZ CRITICA
A su vez, el legislador porteño Jorge Enríquez (UCR) reclamó urgentes medidas para combatir la venta callejera ilegal. Aseguró que ésta es dirigida por "verdaderas organizaciones clandestinas que sacan a la venta productos de dudosa procedencia" y que, en el caso de los productos alimenticios, éstos no cuentan con los controles sanitarios correspondientes. También afirmó que la venta informal callejera produce una evasión al fisco del orden de los 100 millones de pesos anuales.
Enríquez señaló que durante la gestión de gobierno anterior, en la que ocupó el cargo de subsecretario de Gobierno, realizaba personalmente las acciones en la vía pública, a un promedio de entre 300 y 400 operativos por mes, en los que "se incautaban mercaderías y se evitaba la invasión del espacio público". "Hoy, en el gobierno de Ibarra, estos procedimientos llevan su marca: ineficiencia e ineficacia", manifestó el diputado radical.
"Además -agregó Enríquez- resulta increíble que se afirme alegremente, por parte de los funcionarios responsables, que se realizan tan sólo seis operativos de control de la vía pública, que el problema radica en que los vendedores ambulantes y callejeros vuelven a las pocas horas de realizarse el operativo y que se está dialogando para encontrar una solución". "Los espacios públicos son responsabilidad del Gobierno porteño y es precisamente desde allí donde se debe velar por el cumplimiento de las normas de la Ciudad", protestó Enríquez.
