"Durante este año han sido sancionados 25 pedidos de informes, la mayoría durante las últimas dos sesiones. De esos 25 pedidos, siete vencían este jueves, pero ninguno obtuvo respuesta del Ejecutivo", reclamó la diputada María Soledad Acuña (Compromiso para el Cambio) durante la última sesión de la Legislatura porteña.
La legisladora macrista explicó que "la Constitución de la Ciudad prevé tres mecanismos por los que la Legislatura puede pedir información al Ejecutivo: se puede citar al jefe de Gobierno y a sus secretarios, constituir una comisión investigadora o bien, realizar pedidos de informe. Si estos pedidos no tienen respuesta, si cuando queremos convocar a un secretario a este Cuerpo a dar explicaciones sobre una política que no es clara, lo consideran una ‘payasada’ (en alusión a los dichos del secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López), quisiera saber cuál es el mecanismo por el cual podemos tener información fehaciente y efectiva para poder formular normas".
Y agregó: "¿Cuál es la visión del Ejecutivo sobre la Legislatura? Sancionamos leyes y no son reglamentadas, aprobamos pedidos de informes y no tienen respuestas. Evidentemente no hay interés del Gobierno en informar a este cuerpo legislativo".
Por otra parte, Acuña presentó un proyecto por el cual exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, a que reglamente en su totalidad todas aquellas leyes cuyo plazo de reglamentación se encuentra vencido. Esta iniciativa hace hincapié, justamente, en la falta de reglamentación de una gran cantidad de leyes sancionadas la Legislatura que tornan ilusoria su aplicación.
La presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud sostuvo que "se han dictado normas referidas a los derechos de la mujer, la tercera edad, la niñez, mecanismos de participación ciudadana, salubridad, recursos humanos, salud reproductiva, salud mental, entre otras, cuya aplicación generaría una organizada, eficiente, eficaz y transparente gestión y un adeudado respeto de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, no han sido reglamentadas por el Poder Ejecutivo y por consiguiente, tanto la propia Administración como los ciudadanos ven limitada la posibilidad de su implementación".
Según Acuña, las normas cuya reglamentación hasta la actualidad no ha sido dictada, se encuentra incompleta o bien, aún no se han implementado son la Ley 40; la Ley 64; la Ley 120; la Ley 137; la Ley 298; la Ley 303; la Ley 418; la Ley 448; la Ley 449; la Ley 661 y su complementaria Ley 1003; la Ley 709, la Ley 1040; la Ley 1156 y la Ley 1226.
