Después de muchos años de tropezar con la piedra de la improvisación y de sostener cambiantes políticas ambientales, el Gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley que contiene modificaciones a la Ley 1.854, conocida como “Ley de Basura Cero”.
El proyecto promueve dos cambios fundamentales. El primero está referido a la incorporación de la combustión como sistema de eliminación de los residuos sólidos urbanos. El segundo se referencia con la prórrogas en los plazos de cumplimiento de las metas de enterramiento que establecía la ley sancionada el 24 de noviembre de 2005, que exigía que en 2020 ya no se enterraran más residuos que no fueran orgánicos y biodegradables.
Los cambios que propuso Rodríguez Larreta están contenidos en seis artículos de la ley.
En el Artículo 2º, el Ejecutivo porteño propuso el agregado de “la valorización” al concepto de Basura Cero, que propone como método para alcanzar ese objetivo “la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado”.
Uno de los puntos conflictivos del proyecto tiene que ver con el artículo 6º, que propone el alargamiento de los plazos para cumplir el objetivo de no enterrar los residuos reciclables y aprovechables. La ley original preveía que para 2010 se llegara a reducir el envío de residuos a los centros de disposición final en un 30 por ciento (un millón de toneladas), mientras que en 2012 se debía alcanzar el 50 por ciento (750 mil toneladas). En 2017 se debería haber alcanzado la meta del 75 por ciento (375 mil toneladas) de reducción en el enterramiento, un proceso que culminaría tres años más tarde, al dejar de enviar residuos reciclables a Norte III, el colapsado centro de recepción de residuos que debería haber sido desactivado en 2014. La cifra de referencia para estos objetivos tenía como base el volumen enterrado en 2004, que fue de un millón y medio de toneladas, aproximadamente.
Los nuevos objetivos que propone el Ejecutivo porteño son, como mínimo, polémicos. En 2021 se debería alcanzar a reducir un 50 por ciento del tonelaje que se envió a Norte III en 2012, que fue de 2.131.078 toneladas, el segundo volumen más alto de la historia de los últimos años. En 2025, entretanto, el objetivo sería enviar el 65 por ciento (746 mil toneladas) y en 2030, reducir el enterramiento en un 80 por ciento (426 mil toneladas).
Si se compararan las cifras, se podría ver que se perdieron diez años en idas y venidas y en la política ambiental más importante de una ciudad que se considera “verde”. En 2021 se alcanzaría –con la modificación– el nivel al que se debería haber llegado en 2010, en tanto que se estaría arribando en 2015 al nivel de 2012 establecido en la Ley 1.854. Finalmente, en 2030 se debería llegar a un volumen de basura enterrada que se debería haber alcanzado en 2017. Al objetivo de Basura Cero se llegaría, finalmente, después de 2030, cuando este debería haber sido alcanzado en 2020.
En el último punto del Artículo 6º existe una incongruencia, ya que mientras propone alcanzar el 80 por ciento de la reducción en 2030, al mismo tiempo “se prohíbe para el año 2028 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables”, lo que significaría llegar ese año –dos años antes del 2030– al 100 por ciento de la disminución.
No se puede negar que, exceptuando el inaceptable método de la combustión, los objetivos de la administración Rodríguez Larreta son realistas, aunque también significan el reconocimiento de un fracaso que incluye a todo el sistema, incluso más allá del propio Gobierno.
Volviendo a las modificaciones previstas, en el Artículo 7º de la ley votada en 2005 se prohibía expresamente “la combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o sin recuperación de energía”. En este acápite se hacía referencia al Artículo 54º, que sabiamente permitía la evaluación, una vez alcanzado el 75 por ciento de disminución del volumen a enterrar, e “incorporar como métodos de disposición final, otras tecnologías, incluida la combustión, siempre y cuando se garantice la protección de la salud de las personas y el ambiente”.
En este punto, el Ejecutivo porteño propuso en estos días, sin ambages, la incorporación de la combustión, aceptando la prohibición de quemar basura “sin recuperación de energía”, lo que abre la perspectiva para hacerlo con recuperación, incluso en otras jurisdicciones, lo que también estaba interdicto en la ley original.
Como la Ley de Basura Cero prohibía expresamente la combustión como método de eliminación de residuos en varios de sus artículos, el Gobierno modificó también el Artículo 10º, Punto 2, Inciso d), y el Inciso b) del Artículo 33º, que la proscribían.
Para el final, el proyecto gubernamental incluyó un blooper al modificar el Artículo 52º, que en la ley original era solo de forma, con respecto a los fondos que se debían aplicar para el cumplimiento de la norma. En realidad, el artículo que debía ser modificado era el Artículo 54º, que ya fue citado tres párrafos más arriba. En especial, porque propone evaluar el uso de la combustión para el caso de que se haya cumplido la meta del 75 por ciento de reducción del enterramiento. Pero este no fue incluido, por lo que el resto del andamiaje del nuevo proyecto podría no servir para los objetivos que pretende alcanzar el Gobierno en estos tiempos borrascosos.
Fuego fatuo
No fue una sorpresa la decisión del Gobierno porteño de inclinarse hacia el método de la combustión para eliminar los residuos sólidos urbanos (RSU). Ya en abril de 2013, una organización ecologista alertaba sobre su intención de utilizar el método de incineración de residuos, al alertar que cuatro propuestas presentadas en la Licitación Nº 4 de enero de ese año contenían métodos de combustión.
Es necesario puntualizar que quemar basura se encuentra prohibido en casi todo el mundo. Como ejemplo, la Unión Europea –le relató a este cronista María José Lubertino (ver aparte)– ya no financia quemazones y solo se encarga de los proyectos que incluyen las tres erres: reducir, reutilizar, reciclar.
