La situación judicial del empresario Cristóbal López se complica día a día. Hace un par de semanas tuvo que volver a la cárcel. Ahora, la Justicia dictó la quiebra de Oil Combustibles, la petrolera del empresario.
Después de un proceso de salvataje que no obtuvo la respuesta esperada, el juez comercial Javier Cosentino dictó la quiebra de la principal empresa del Grupo Indalo, dueña además de las principales acciones de los medios de comunicación: Oil Combustibles SA.
Así, Cristóbal López perdió su principal empresa. “Agilizar esta decisión no es en desmedro de los intereses aquí afectados. Por el contrario, debe primar a partir de ahora y en adelante la preservación del patrimonio de la deudora que, constituye -nada más ni nada menos- que la prenda común de los acreedores”, indicó Cosentino en una resolución de once páginas.
Los interesados en adquirir los activos de Oil podrán ofertar, y será el juez Cosentino quien decida a favor de la mejor propuesta. La petrolera, que emplea a 400 trabajadores, cuenta con una red de 360 estaciones de servicio, una importante flota de camiones y vehículos, un puerto, la refinería e inmuebles, entre otras propiedades.
Se inicia ahora una etapa de desmembramiento de la empresa.Los interesados ya no deben adquirir -como en el salvataje-, la totalidad de la compañía, sino que podrán ofertar sólo por el activo que les resulte más beneficioso. Entre las compañías interesadas, se encuentra YPF, según confirmaron fuentes oficiales a Clarín.
“Es una etapa en la que la principal responsabilidad la tendrá el juez, para maximizar el valor de los activos de Oil”, indicaron a este medio fuentes oficiales. El Estado busca cobrar la multimillonaria deuda que el empresario K generó con la AFIP, pero con la firma en quiebra esto llevará más tiempo y no está garantizado que se logre recuperar la totalidad de la suma reclamada: 17.000 millones de pesos.
La petrolera fue utilizada por López para no pagar a la AFIP el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) durante el último gobierno de Cristina Kirchner. La deuda ascendió a 8.000 millones de pesos, y con dichos fondos -que mes a mes debían tributarse- el empresario K “se financió y amplió su conglomerado” adquiriendo más firmas, según corroboró la Justicia.