En estos días que corren, días en los que el Gobierno nacional parecería haber ingresado en una crisis que amenaza su plan primigenio de lograr la reelección de Mauricio Macri, el peronismo se encuentra sumido en sus propias contradicciones, que le impiden capitalizar el desgaste de la administración Cambiemos.
Aclaración: el 10 de abril pasado, la jueza María Romilda Servini de Cubría falló la intervención del Partido Justicialista y retrotrajo al peronismo a épocas que parecían haber sido superadas. No faltaron “culatas” y guardias de infantería impidiendo el funcionamiento de la democracia partidaria interna, con algunos periodistas agredidos y otros amenazados y patoteados.
Tras esta apropiación de los símbolos partidarios, Luis Barrionuevo, el nuevo interventor, no dio señales públicas de vida, excepto algunas declaraciones ante periodistas elegidos cuidadosamente. Pero eso no quiere decir que se mantenga inactivo. Por lo pronto, en los últimos días del mes pasado, el protagonismo de la conferencia de prensa por su asunción se lo robó el inefable Tula, antiguo jefe de la barra brava de Rosario Central, que tomó el micrófono en Matheu 130 y desentonó la Marcha Peronista, poniendo en cuestión la seriedad del acto.
Días antes, en la vereda del edifico de Matheu, un dirigente cercano a Luis Barrionuevo aceptó ante este cronista que tras la figura del gastronómico asomaba la cabeza pensante (sin ironía) de Eduardo Duhalde, el verdadero promotor de la intervención. Es más, en un primer momento, la jueza pensó en designar al expresidente, luego a Ginés González García y después a Miguel Pichetto antes que a Barrionuevo, pero el primero está enfrentado al vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, y el gastronómico fue el plan D.
Una provincia codiciada
Por estos días, Duhalde se encuentra operando como si ya fuera el dueño del peronismo bonaerense, el más poderoso del país. Se reunió con el exintendente de San Martín, Carlos Brown; con su exjefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y hasta con la esposa de Barrionuevo, la diputada Graciela Camaño, que se encuentra muy cómoda en el Frente Renovador y no quiere saber nada con volver al peronismo.
Incluso, Duhalde tendió una línea con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, intentando que este le pusiera al teléfono al destituido presidente del PJ, José Luis Gioja. Todo fue inútil, por lo que las aspiraciones del expresidente para que Barrionuevo lo designe como interventor del PJ bonaerense se desarrollarán de la misma manera en la que transcurren los días del gastronómico: en una desesperante soledad.
Ningún dirigente de peso apoyó hasta ahora a Barrionuevo. Claro, siempre que se les adjudique cierto peso partidario a Julio Bárbaro y a Carlos Campolongo, lo que sería poco serio. Lo mismo le ocurre a Duhalde, que en sus convocatorias solo tuvo éxito con figuras que forman parte de una historia pretérita, pero no del presente. Por caso, Brown fue intendente de San Martín entre 1987 y 1991, casi en la prehistoria de la democracia.
Un 2019 azaroso, si todo sigue así
El candidato de la dupla Barrionuevo-Duhalde es nada menos que Roberto Lavagna, que en 2007 se postuló a la presidencia de la Nación encabezando las listas del radicalismo. Como paradoja, la lista que encabezaba el exministro de Economía de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde llevó la denominación UNA, al igual que la lista que encabezó Sergio Massa en 2015. La diferencia es que en 2007, UNA significaba Concertación para Una Nación Avanzada, y en 2015, la misma sigla manifestaba a Unidos por una Nueva Alternativa, para colmo, en una versión de segunda instancia.
El problema que deben enfrentar los que se apropiaron de la sigla peronista tiene que ver con el “síndrome Randazzo”. En casi todos los ámbitos del justicialismo se interpretó la candidatura del exministro de Cristina Fernández de Kirchner como parte de una operación nacida en la Casa Rosada y Lavagna teme quedar atrapado en ese cepo de hierro, que enviaría su ya desleída carrera política al desván del olvido.
Tanto es así que Randazzo es considerado dentro del peronismo como un cadáver político y por estos días, en los que las operaciones se cruzan en todas direcciones, su nombre solo aparece en alguna humorada solitaria. Solo su amigo Massa intentó en algún momento extenderle una ayuda, que únicamente sirvió para desnudar los fracasos de ambos.
La única rueda de auxilio que puede impulsar a ambos –el economista preferido de Duhalde y el exministro del Interior y Transporte de Cristina– es la extrema necesidad de un Gobierno en crisis, que se esperanza con dividir al peronismo para ver si el plan Perdurar tiene éxito y le permite continuar en la Casa Rosada por otro período.
Como colofón de tantos desatinos, hemos dejado para el final algunas perlas de una política de bajo vuelo que transcurre en la intervención del peronismo.
Más allá del cuestionable fallo de la jueza, que abundó en una larga ristra de consideraciones políticas al mismo tiempo que contenía una llamativa ausencia de consideraciones judiciales, por estos días la apelación que presentó el presidente destituido, José Luis Gioja, se encuentra transitando el áspero terreno de la chicana jurídica.
Gioja presentó su apelación al día siguiente de la intervención, pero el denunciante –el sindicalista barrionuevista y massista Carlos Acuña– cuestionó a los apoderados del PJ, Patricia García Blanco y Eduardo López Wesselhoefft, que eran los patrocinadores. Esta circunstancia demora al día de la publicación de este medio los tiempos e impide a la Cámara Nacional Electoral, que preside Alberto Dalla Vía y cuyo vicepresidente es el “enemigo íntimo” de Duhalde, Santiago Corcuera, emitir su dictamen sobre la cuestión de fondo, que es la intervención.
Una vez que el expediente llegue a la CNE, esta le correrá vista al fiscal Jorge Di Lello, que deberá emitir su punto de vista, sobre el cual Dalla Vía y Corcuera fallarán.
En medio de estos poco edificantes tironeos, el peronismo se dispone a encarar –y esto aún puede no ser inmediato– un ríspido proceso de centralización de sus decisiones. Los actores principales serían los gobernadores –el peronismo ejerce el poder en 14 provincias–, aunque en la provincia de Buenos Aires el mando lo tienen los intendentes, que negocian poder, presupuesto y liderazgo territorial con los poderes ejecutivos provincial y nacional.
En esta confrontación permanente se producen otras perlas, como la que protagonizó el gobernador cordobés Juan Schiaretti, que se manifestó contrario a que se apruebe un proyecto que promueva la baja de tarifas. Mientras tanto, este mismo miércoles, el peronismo se encaminaba a votar ese mismo proyecto… con el apoyo de los diputados cordobeses. ¿Simple chicana o insubordinación?
Esta circunstancia desnuda el estado de asamblea y de disconformidad que rige a un peronismo que solo acepta coroneles y ningún general. De todos modos, este estado de liquidez extrema no puede perdurar si el peronismo se propone como alternativa en 2019. Quizás por eso, la crisis que vive el gobierno que encabeza Mauricio Macri no afecta, por ahora, su continuidad en la Casa Rosada.
