De prosperar un proyecto de declaración del diputado porteño Atilio Alimena (Partido Demócrata), la Legislatura porteña le reclamará al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que tome las "medidas necesarias respecto a los máximos funcionarios de los cuales depende el área de la Dirección de Habilitaciones y Verificaciones, atento a los incumplimientos llevados a cabo por éstos".
Estos desatinos -como el de no contestar en tiempo y forma oficios judiciales- derivaron en un allanamiento a la dependencia por parte de la Justicia. Además, según denuncia Alimena, los funcionarios de la DGVH son reticentes a enviar los informes correspondientes a la Auditoría de la Ciudad.
Las resoluciones que cita el diputado Demócrata para poner en tela de juicio la transparencia del área que conduce Martín Schmukler, son las que tomó la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario y el magistrado Alberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2.
"Párrafo aparte -expresó Gallardo en un fallo fechado el 5 de Abril-, merecen las pruebas colectadas en la sede administrativa de la Dirección de Habilitaciones y Verificaciones. El material obtenido -que debió ser secuestrado en allanamiento en virtud de la reticencia a cumplir con el mandato judicial por parte de funcionarios a cargo- permite claramente concluir que el área en cuestión (no casualmente intervenida) carece del más elemental registro de gestión, adolece de serias falencias organizativas, desconoce la normativa vigente e incumple las funciones legalmente establecidas y de su competencia específica…"
Además, apoyando esta tesis, los camaristas de la Sala II sostienen que "…la situación constatada por el juez de grado merced al allanamiento efectuado sobre la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones en modo alguno puede ser vista con anuencia."
En cuanto a estas consideraciones judiciales, Alimena manifestó que "este desprecio puesto de manifiesto por dicha Dirección, no es nuevo, ya que en reiteradas oportunidades la misma se negó a enviar los antecedentes requeridos por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, vulnerando lo establecido en la Ley Nº 70 y 325 y motivando que la Auditoría cursara distintas notas a la Legislatura informando la falta de colaboración puesta de manifiesto a los requerimientos oportunamente efectuados".
"La actitud de la Dirección de Habilitaciones y Verificaciones, no se condice para nada con la tan pregonada ‘transparencia’ que ha intentado poner de manifiesto el jefe de Gobierno a su gestión, sin embargo no hay que olvidar que este funcionario `interventor´ depende del Poder Ejecutivo, y fue nombrado por el mismo jefe de Gobierno, y en consecuencia, es necesario que éste tome las medidas necesarias para que actitudes similares no vuelvan a ocurrir, sino vamos a creer en el famoso refrán que dice `Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago´", concluyó Alimena.
