La causa que se intruye por irregularidades en la construcción de la Autopista "Presidente Arturo Umberto Illia" no cesa de generar sorpresas. La jueza subrogante del Juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 43 -donde está radicada la causa-, Alicia Iermini, termina de declararse incompetente, por lo cual ésta podría llegar a terminar en la justicia federal. Algunos maledicentes, incluso, ya le adjudicaron destino: el juzgado de Alberto Baños.
Hasta ahora la causa -que nunca se movió del Juzgado N° 43- tuvo cinco jueces: el primero fue el que entonces era su titular, Nelson Jarazo, que tras denegar la indagatoria -solicitada por el fiscal Alejandro Molina Pico- del ex presidente Fernando de la Rúa, del ex secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo y del ex procurador general del Tesoro, Ernesto Marcer, fue ascendido a vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata.
Cuando el Juzgado N° 43 quedó vacante fue el turno del primer juez subrogante que tuvo la causa, Eduardo Dafflis Niklison. Cuando finalizó su turno, éste fue reemplazado por la jueza Silvia Ramond, y ésta, nuevamente por Dafflis Niklison. Finalmente, la jueza Alicia Iermini culminó su actuación describiendo su propia actuación y la de sus colegas.
UNA PERICIA QUE DESNUDA UN MECANISMO PERVERSO
El Gobierno porteño -representado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala- se contituyó en querellante en la causa el dos de abril de 2002. Tras este paso, Fatala le encargó al Centro Argentino de Ingenieros la confección de una pericia tanto sobre las caraterísticas de la obra como sobre las irregularidades en el decreto N° 3135/98. Los asesores del secretario de Obras y Servicios Públicos le anunciaron a un cronista de NOTICIAS URBANAS que en el curso de esta semana se conocerán los resultados del informe, en el que -aseguran- se comprobaron importantes irregularidades.
Algunas de estas irregularidades ya eran conocidas, pero, aún así, debían ser objeto de estudios técnicos para ser ratificadas. La aspiración de máxima del secretario de Obras y Servicios Públicos es recuperar la autopista para que sea explotada por el Estado porteño. La base de la demanda gubernamental está fundamentada en que las obras por peaje son obras que corren por cuenta del concesionario, sin que el Gobierno tenga que poner un peso. Éste no es el caso de la Autopista, que fue pagada en su totalidad, por lo que no se explica que quienes cobran el peaje lo hagan por cuenta de la empresa constructora y no por cuenta del propio Estado porteño.
