El protocolo anti-toma con el que la ministra de Educación, Soledad Acuña, amenaza a los estudiantes es ilegal. La propia Justicia ha entendido que afecta de manera directa el derecho a la protesta. El pedido realizado a los padres para que retiren a sus hijos de los colegios es una acción fascistizante, que busca imponer una disciplina represiva al interior de las familias. Instamos a la ministra a no tomar ninguna medida represiva ni sancionatoria contra los estudiantes.
La campaña represiva contra los estudiantes llevada adelante por la ministra contrasta con su silencio cómplice ante el lobby clerical que ha tomado dimensiones escandalosas, presionando a los diputados para que voten de manera contraria al aborto legal.
Aunque la ministra se declaró feminista, lo cierto es que es una de las máximas responsables que en la Ciudad de Buenos Aires la ley de Educación Sexual Integral no tenga aplicación real. Una encuesta realizada hace pocos meses arrojó que sólo 2 de cada 10 estudiantes dijo haber recibido contenidos referidos a la ESI. El lobby clerical impone siempre sus decisiones a la ministra Acuña.
Le damos todo nuestro apoyo a los estudiantes y rechazamos toda medida represiva o sancionatoria. Los pibes y las pibas de la Ciudad están dando un ejemplo: el aborto legal se gana en las calles.