Este martes era un día clave y el Gobierno esperaba el encuentro con la CGT para aislar a Hugo Moyano y desactivar el posible paro del jueves. Sin embargo, la reunión programada para las 11 se cayó por pedido de la CGT, que estaría analizando muy seriamente convocar al paro.
La reunión fue cancelada por la central obrera a último momento. El encuentro, que se iba a desarrollar en el Ministerio de Trabajo, iba a ser la continuidad del realizado el jueves pasado, cuando los sindicalistas plantearon a las autoridades nacionales una agenda de cinco puntos.
Entre otras cosas, reclamaban que “no haya despidos en el sector público y privado por los próximos seis meses” y “la reapertura de paritarias sin techo”, además del pedido de que el Impuesto a las Ganancias no impacte en el aguinaldo que se cobrará en julio.
Los reclamos de CGT fueron cinco: una norma que evite los despidos y suspensiones en el sector público y privado por los próximos seis meses; la reapertura de paritarias cerradas sin limitaciones; la eliminación en la base de cálculo del impuesto a las ganancias del medio aguinaldo de julio; la devolución de los fondos correspondientes a los gastos de salud de las obras sociales sindicales; y que no se trate el proyecto de reforma laboral.
“Si no tenemos respuesta positiva, el consejo directivo por unanimidad quiere el paro, ya lo queríamos”, advirtió el sábado Carlos Acuña, triunviro de la central obrera.
En medio de la tensión con los dirigentes sindicales, el viernes pasado el Gobierno publicó el decreto presidencial que avala negociaciones rápidas para readecuar los convenios paritarios que se firmaron este año.
El texto oficial creó un régimen al que podrán acceder “las partes colectivas que hayan celebrado negociaciones salariales durante el transcurso del presente año, o con efecto en el presente año, hasta la entrada en vigencia de esta medida”, señala el decreto.
Mediante este sistema “se podrán adecuar exclusivamente las cláusulas de aumento salarial dispuestas en las negociaciones mencionadas, hasta alcanzar un incremento total del 5% no acumulativo para el trimestre inmediatamente posterior a su suscripción, pudiendo pactarse hasta en un 2,5% de incremento mensual y en dos cuotas”, reza el decreto 508/2018.
De esta manera, la administración pública pretende facilitar negociaciones para que los trabajadores dispongan de un aumento adicional de 5 por ciento. Sin embargo, el decreto no reemplaza la voluntad de las partes. Es decir, para que se instrumente la suba salarial se requiere de una decisión de las cámaras de cada sector.
