El desencadenante fue el audio de una conversación telefónica. Esa charla determinó que la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, decidiera tomar cartas en el asunto. Tras la difusión de un audio en el que supuestamente el titular de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar bonaerense, Mateo Nicholson, pedía a una de sus colaboradoras que invente y suba precios de lo que sería un presupuesto para cocinas escolares, el funcionario de Cambiemos decidió tomarse una licencia extraordinaria mientras dure la investigación.
La licencia es la forma elegante en que Vidal lo apartó de su cargo. La semana pasada se filtró en las redes un audio en el que un hombre que supuestamente sería Nicholson pedía “inflar” un presupuesto. “Tengo una reunión con María Eugenia el miércoles a la mañana y necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Yo sé que no lo tenemos listo pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. O sea si vos sabés que es nueva ponele el monto que vos calculás. Obviamente que no den números redondos. Mañana si podes pasame las 79 cocinas con los montos que den alrededor de 80 millones de pesos, que fue lo que yo pasé. Porque vos me habías dado las primeras 17 con un promedio de 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iba a costar en promedio un millón”, se escucha en el audio.
Las repercusiones que generó el audio obligó al propio Director General de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, a radicar una denuncia en la Fiscalía N° 17 de esta ciudad. “Se pidió a la Justicia que investigue el audio difundido en donde un funcionario de esa cartera realiza una estimación de precios para una reunión de seguimiento ministerial donde se analizarían cotizaciones tentativas para la construcción de cocinas”, dijeron fuentes del gobierno provincial.
A la presentación radicada por Sánchez Zinny se sumó aotra denuncia penal formulada por la presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana (FPV),Teresa García . La legisladora presentó un escrito en el Juzgado de Garantías en lo penal N°6 para que se investigue al funcionario por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.
Desde el Gobierno dijeron que colaborarán en todo con la Justicia y destacaron que Nicholson quedó a disposición para responder administrativa o judicialmente a toda aquella requisitoria que la investigación genere.