Ayer a última hora, la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro12 de la Ciudad Alejandra Petrella rechazó un recurso de amparo que cuestionaba el cronograma establecido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el presupuesto 2002. La acción judicial fue iniciada el viernes pasado por Javier Garcia Elorrio, en su carácter de vecino porteño, por entender que el lapso establecido para analizar el presupuesto -una semana- tornaba "humanamente imposible" su estudio y que, además, dificultaba la participación ciudadana.
Según García Elorrio, la Comisión de Presupuesto, al establecer esta metodología, lo único que pretendió es que se cumpliera "formalmente el trámite legislativo" y que Ibarra tuviera "su presupuesto sin demasiadas preguntas".
Sin embargo, la jueza consideró que no existía "lesión ni peligro inminente" contra la comunidad y que no era la Justicia la que debía decirle a los diputados como debían "legislar responsablemente". En su resolución. Petrella aceptó la legitimidad con la que contaba Garcia Elorrio para interponer una acción de amparo porque éste demostró vivir en la Ciudad de Buenos Aires, aunque consideró que no había elementos como para suponer que no se fueran a cumplir sus derechos. Para esto último se basó en las manifestaciones del jefe de Gobierno acerca de la posibilidad de que se realicen sesiones extraordinarias para extender el debate.
Según la magistrado, un proceso como el que encaró Garcia Elorrio sólo podría ser viable "una vez comprobado que dicho tratamiento (legislativo) no respetó la ley" o "si la ley que se promulgue resultara inconstitucional". Por otra parte, Petrella expresó que "examinar el proceso de validez de la instancia de formación y sanción de una ley reviste carácter politico" y que si lo hiciera estaría invandiendo "la esfera privada de los otros poderes".
EL CRONOGRAMA DE LA DISCORDIA
El cuestionado cronograma establece que los secretarios del Poder Ejecutivo deben explicar en 15 minutos su plan anual, que los legisladores no pueden pedir explicaciones del presupuesto vigente y que sólo contarán con siete minutos para repreguntar luego de la exposición de los secretarios.
En su presentación judicial, Garcia Elorrio argumentó que estos aspectos dificultan la participación ciudadana en la ley que determinará el destino de los fondos públicos y que, por lo tanto, pueden llegar a afectar los derechos e intereses de toda la comunidad.
En respuesta, la Procuración de la Ciudad, le pidió a Petrella que rechazara el amparo porque Garcia Elorrio no habria demostrado que el tratamiento del presupuesto le generara algún daño que afectara sus derechos.
Por su parte, los asesores legales de la Legislatura afirmaron que lo dispuesto por la Comisión era una "mera circular interna" votada por la mayoría en una reunión ordinaria y que estaba exenta de ser cuestionada por el Poder Judicial. También argumentaron que no se podía cuestionar la participación por falta de tiempo ya que existió un proyecto original que fue presentado el 28 de septiembre, que solamente difiere del que tratarán los diputados en algunos aspectos.
Por todas estas razones pidieron que se rechazara el recurso judicial y que se le impusieran las costas a Garcia Elorrio por haber "obrado con evidente malicia" Estas consideraciones no fueron tomadas en cuenta por la jueza que, a su vez, le recomendó a al representante de la Fundación Ciudad que participe de las reuniones en las que se discutirá el presupuesto.
