El cinco de diciembre último la Legislatura porteña sancionó la Ley 954, por medio de la cual prohibió el tránsito de ocho líneas de colectivo dentro del Casco Histórico de la Ciudad. Este sector está delimitado por las calles Perú, Hipólito Yrigoyen, Paseo Colón, Belgrano y Diagonal Roque Sáenz Peña. Las líneas de transporte que deberían cambiar su recorrido son la 22, 24, 28, 29, 86, 91, 103 y 126.
La norma -que tenía como objetivo proteger importantes edificios en los que transcurrieron hechos fundamentales de la historia argentina- fue desconocida por la Secretaría de Transporte de la Nación, generando un conflicto de imprevisibles consecuencias, que no se sabe cómo afectará al ejercicio de la autonomía porteña.
Los edificios que los legisladores porteños intentaban proteger eran la Basílica de San Francisco; la Capilla de San Roque; la Iglesia de San Ignacio y la Procuradoría Jesuítica -todos ellos construídos en el siglo 18-; el antiguo Congreso Nacional, la casa de María Josefa Ezcurra; los Altos de Lorriaga y el edificio de la antigua Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires -estos últimos construídos en el transcurso del siglo 19.
"EL GOBIERNO TIENE QUE HACER CUMPLIR LA LEY"
El autor del proyecto de ley que la Legislatura aprobó, Julio Vitobello, le manifestó a NOTICIAS URBANAS que "el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacer cumplir la ley, porque la Ciudad puede impedir el paso del transporte público por un lugar determinado, pero es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte la que debe definir las vías alternativas por las que deberían transitar los colectivos".
Vitobello afirmó a continuación que " la Secretaría está incurriendo en un incumplimiento grave al no ocuparse de diseñar las vías alternativas. De todos modos, si un Gobierno (refiriéndose al de la Ciudad) no puede hacer cumplir una ley, no sé que puede hacer".
EN LA SECRETARÍA DICEN QUE NO SABEN NADA
Por su parte, un vocero de la Secretaría de Transporte le manifestó a este medio que "esta ley fue aprobada sin que hubiera sido consultado ningún sector. Ni esta Secretaría, ni el organismo que representa a los usuarios del transporte público, ni los empresarios del transporte automotor pudieron intervenir en la confección de la norma".
El mismo portavoz dijo además que "la ley no es clara tampoco con respecto a los camiones y a los autobuses turísticos, ni cuenta con un estudio serio que avale la medida".
Para justificar la falta de cumplimiento de la normativa, el vocero del organismo nacional dijo que "en esta Secretaría no hemos recibido ninguna notificación oficial del Gobierno porteño, por lo que no podemos hacerla cumplir".
EL GOBIERNO PORTEÑO QUIERE A TODOS EN DIAGONAL
El subsecretario de Tránsito y Transporte de la Ciudad, Horacio Blot, desmiente al vocero de la Secretaría. "La ley entrará en vigencia a los 60 días de promulgada -le expresó a un cronista de NOTICIAS URBANAS-, por lo que la fecha es el 10 de marzo, ya que fue publicada en el Boletín del 10 de enero".
"La opción en la que estamos trabajando es abrir un contracarril por Diagonal Sur, en dirección hacia Belgrano, por el cual tomarían los colectivos, que girarían en Belgrano para tomar nuevamente hasta Bolívar. También pensamos en otro contracarril por Belgrano, que vaya desde Paseo Colón hasta Diagonal Sur y por allí hasta Plaza de Mayo", explicó el funcionario.
De todas maneras, Blot planteó que, ante la falta de diálogo con el organismo nacional que regula el transporte, proliferan las situaciones caóticas. "El sistema que maneja la Nación está sobredimensionado. Se ven grandes vehículos semivacíos, ya que la oferta supera a la demanda. Se nota que en los últimos 20 años no hubo planificación y el sistema creció desproporcionadamente, pero la Nación se niega a discutir con nosotros".
"Nosotros queremos un nuevo sistema. Queremos que sólo se permitan grandes vehículos, con alta frecuencia, para transitar por avenidas, en tanto que por las calles más angostas sólo puedan transitar vehículos más pequeños".
