En el marco del reclamo de la Corte Bonaerense de aumento salarial para todo el Poder Judicial, al que el Gobierno de la Provincia a través del procurador general Julio Marcelo Conte Grand (y con el apoyo de todos los integrantes del organismo) se opuso al tope paritario de 15%, los jueces provinciales meten presión también. Incluso, el Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires respaldó el planteo.
Lo que pretenden las y los magistrados provinciales es equiparar sus haberes con los de la Justicia Federal, ya que se encuentran 40% por debajo de éstos. Al mismo tiempo, esta tensión proviene de que, en lo que va del año, la Justicia solo logró una mejora salarial del 7%.
Sin embargo, María Eugenia Vidal, luego de dos años de que la Justicia haya reclamado una mejora de su salario argumentando el deterioro de éste frente a la inflación, puso mano firme y acabó con el tema: no.
La gobernadora mantiene este mismo reclamo de sectores laborales más vulnerables como el docente o el de los y las profesionales de la salud.
Así, el Ejecutivo provincial lanzó el decreto 540 firmado por Vidal y los ministros de Justicia Gustavo Ferrari y el jefe de Gabinete bonaerense Federico Salvai para rechazar legalmente este reclamo.
Según argumentaron desde el Ejecutivo de la Provincia “no ha quedado debidamente probado el ostensible deterioro sufrido por las remuneraciones de los magistrados” y “los acuerdos atinentes a la política salarial han encontrado consenso –de los jueces-, en el marco de la celebración de mesas de diálogo”.
