El paro general al que convocó la Confederación General del Trabajo el 25 de junio último terminó de definir las alineaciones de quienes se consideraron beneficiados y perjudicados por la política económica gubernamental, encuadrada ahora en las pautas dictadas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El problema es complejo. El FMI es un trauma en la memoria de los argentinos, que fueron protagonistas y testigos de los sucesos de 2001, en aquellos días que culminaron con el accidentado fin del atribulado gobierno de Fernando de la Rúa.
Será difícil, 17 años después, que el Gobierno logre convencer a muchos argentinos de que es una excelente idea acudir a la buena voluntad de los tecnócratas que trabajan en el edificio situado en Washington DC, en la intersección de la Calle 19 y la avenida Pennsylvania, apenas a dos cuadras de la Casa Blanca y justo enfrente del Banco Mundial, una entidad también controlada por el directorio del FMI.
Para peor, apenas unos días después de que arribaran al país los primeros desembolsos de la entidad crediticia, los dólares comenzaron a desaparecer de las arcas del Banco Central a velocidades supersónicas, consumidos por la voracidad de un mercado que los esperaba con ansias desmedidas. Las licitaciones iban a ser, al principio, de 100 millones de dólares cada día, pero ya el viernes 29 de julio último, por presiones de los bancos, el monto llegó a triplicarse, aunque en la semana corriente las licitaciones regresaron a la cifra original.
En el origen de todas estas idas y venidas está la decisión del Gobierno de apostar por un modelo económico que se sostuvo hasta ahora sobre la base de tomar deuda en el mercado internacional de capitales, complementado con el arribo de capitales “golondrina”, de corto plazo, que jamás abandonan la Bolsa de Valores y luego vuelven a partir en busca de otros mercados, en los que se los trata con la misma mano de seda con la que fueron acariciados en Buenos Aires.
En este contexto, el déficit comercial alcanzó cifras preocupantes en el primer cuatrimestre del año que está corriendo: hasta abril, el déficit llegó a los 3.420 millones de dólares, derrotando los 3.419 millones de dólares que alcanzó en todo 2015, según las estadísticas sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA) que publica el Indec.
En el período que va desde hoy hasta diciembre de 2019, vencen 39.800 millones de dólares en amortizaciones de capital de los bonos externos, más otros 30 mil millones en concepto de pago de intereses. En medio, hay un pico de vencimientos por ocho mil millones en mayo de 2019. Si a estas cifras se les suman 17.200 millones de dólares de déficit fiscal, hasta fines de 2019 el Estado argentino deberá desembolsar 87 mil millones dólares por estos ítems. El FMI ya desembolsó 15 mil millones, que servirán para estabilizar el mercado cambiario, tras lo cual el organismo enviará otros 7.500 millones. El Estado conseguirá otros 12 mil millones de otros organismos financieros, por lo que, de esos 87 mil millones, hay cubiertos solo 34.500. El resto, 52.500 millones, queda por verse la manera en que se conseguirá.
Estos 52.500 millones podrían provenir de préstamos del Banco Central, pero el acuerdo con el FMI lo impide expresamente. Las otras maneras de hacerse con el dinero serían o tomar más deuda externa, o colocar más deuda interna, o seguir devaluando. La última, dejar de cumplir con las metas comprometidas con el FMI, sería una catástrofe para un gobierno que presentó el acuerdo como una victoria. De todos modos, esta cifra de 87 mil millones, que incluye también las necesidades de financiamiento de las provincias, fue tomada con el déficit existente, ya que podría ser menor si este disminuyera.
De las opciones mencionadas, está descartada la de tomar más deuda, porque esa vía se le ha cerrado al Estado argentino, que por eso apeló al FMI. La segunda vía sería buscar financiamiento en los bancos argentinos, lo que generaría una fuerte recesión, ya que la “aspiradora del Estado” dejaría la plaza seca de dinero. La devaluación, por último, es el recurso que está usando actualmente el Gobierno, que tiene muchos compromisos internos en pesos. La caída de casi el 60 por ciento que sufrió el dólar –permitida por el Gobierno– disminuyó la columna del debe a lo largo de 2018.
La inversión, ¿en pausa?
Este panorama complica la inversión pública, tanto que hace pocos días, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, debió convocar al secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez, y al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, para tranquilizar al mercado, donde corrían fuertes rumores de que el Gobierno se disponía a desacelerar las inversiones en esa área, provocando que miles de operarios quedaran sin trabajo y una crisis empresarial.
Los rumores tenían su origen en el acuerdo con el FMI, cuyas condiciones, invariablemente, contienen cláusulas que restringen el gasto público, en el ánimo de reducir el déficit fiscal. Esto lleva, también siempre, a la reducción de la planta estatal, del gasto en obra pública y de provisión de insumos en las áreas de salud y educación.
El sector privado despide
En un estudio realizado por el Sistema Integrado Previsional Argentino, que produce mensualmente la Encuesta de Indicadores Laborales, detectó que entre diciembre de 2017 y abril de este año se perdieron en el sector privado 95 mil puestos de trabajo, a los que habría que sumar casi 40 mil más que se produjeron en el mes de junio. Esta aceleración en el deterioro del mercado del trabajo convierte la crisis en un suceso real, que impacta fuertemente en la vida cotidiana de los argentinos.
La crisis obligó a una larga serie de empresas a cerrar, despedir a todos sus trabajadores y reconvertirse para importar lo mismo que antes fabricaban. Esto implica que en su emprendimiento solo seguirán en funciones los operarios capaces de ejecutar tareas de mantenimiento.
Banco Ciudad: También existen datos positivos
De todos modos, en el Informe Semanal Nº 460 que publicó el 29 de julio último el Banco Ciudad, se destaca que “el retroceso que experimentó el nivel de actividad durante abril se vinculó, en forma casi exclusiva, al comportamiento del sector agropecuario, que afectado por la sequía se contrajo 30,8% en términos interanuales, con una incidencia sobre el índice general de -3,8 puntos porcentuales. Si bien el sector del transporte también presentó una variación negativa (-0,8% i.a.) por su vinculación con la actividad agrícola, 12 de los 15 sectores de actividad relevados se mantuvieron en terreno positivo, con alzas importantes en Construcción (10,2%) e Intermediación financiera (9,4%). De hecho, aislando el efecto de la sequía, el resto de los sectores evidenciaron un incremento promedio de 2,9% interanual, reflejo de un crecimiento que al mes de abril se mostraba sectorialmente difundido”.
Los técnicos del banco porteño infirieron que “en lo que hace a los datos del balance de pagos, el déficit de la Cuenta Corriente presentó un incremento de USD 2.465 millones respecto a igual período de 2017. El mayor deterioro provino de la cuenta de bienes, con un déficit de USD 1.762 millones, seguido por el déficit de la cuenta servicios, impulsado por el saldo negativo correspondiente a viajes (-USD 2.425 millones). Fruto de las colocaciones de deuda del Gobierno nacional, el saldo negativo de la Cuenta Corriente pudo ser financiado a partir de un superávit en la Cuenta Capital y financiera, que permitió también incrementar las reservas internacionales del Banco Central en USD 6.153 millones durante los primeros tres meses de 2018”.
En el relevamiento semanal, titulado “La semana en pocas palabras”, sus redactores conjeturaron que “mientras se corrigen los desequilibrios estructurales de la economía doméstica, los movimientos observados en los mercados financieros globales siguen impactando de manera amplificada a escala local, pese a recientes noticias positivas. En este marco, desde el Gobierno se ha comenzado a reforzar el mensaje de cumplimiento de los objetivos trazados para reducir el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento, a los fines de acotar la vulnerabilidad externa, además de mantenerse transitoriamente un accionar más decidido en el mercado de cambios tendiente a evitar una volatilidad excesiva, dos elementos clave para recomponer la confianza y recuperar la iniciativa”.
Cimbronazos
El coeficiente de Gini, que es un índice que mide la equidad distributiva, cuyo punto ideal es cero y el de quiebre es uno, se encuentra en el primer semestre de 2018 en 0,44. En el mismo período de 2017, se encontraba en 0,437, mientras que en diciembre de 2017 estaba en 0,417. En el tercer trimestre de 2016, en los días en que campeaba la recesión y los despidos masivos a causa de la devaluación, el índice midió 0,451. La clave de esta pauta es que el número menor significa el bienestar y el número mayor expresa la crisis.
Otras cifras son menos coyunturales, pero no por eso dejan de preocupar. El diez por ciento de los sectores de mayores ingresos pasó de acumular, en diciembre de 2017, trece veces más que el diez por ciento más pobre, a ganar en el semestre que termina de transcurrir dieciséis veces más.
Paralelamente, las mujeres cobran un salario promedio un 30 por ciento menor que los hombres. Los hombres cobran un sueldo promedio de $19.630, y las mujeres, de $14.096. De esta manera, de la masa salarial absoluta, los hombres atesoran el 57,5 por ciento, y las mujeres, el 42,5 por ciento.
Como para ir expresando en hechos los efectos de una crisis que azota sin pausa a los asalariados, empresarios pymes advirtieron que afrontarán grandes dificultades para abonar el aguinaldo en este primer conflictivo semestre de 2018.
Congelar es eso. Y el verano está tan lejos…
