La diputada nacional e integrante de la Comisión Bicameral del Defensor del niño, Carla Carrizo (Evolución), pidió explicaciones al Ministro de Educación de la Nación sobre el accionar de la Escuela San Miguel Arcángel de Santiago del Estero y solicitó la sanción del establecimiento si es que recibe transferencias por obligar a sus alumnos de los niveles inicial y primario a marchar como militares, por el 9 de Julio, portando pañuelos celestes en rechazo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que se debate en el Senado.
Carrizo así lo expresó a través de un pedido de informes dirigido al Ministerio de Educación de la Nación acompañado por más de 20 diputados y diputadas de todo el espectro político y distintas provincias del país. Firman este pedido de informes: Silvia Lospennato (PRO); Martín Lousteau (Evolución); Alejandro Etchegaray (UCR); Miguel Bazze (UCR); Victoria Donda (LDS), Gustavo Menna (UCR); Samanta Acerenza (PRO); Marcelo Wechsler (Pro); Daniel Lipovetzky (PRO); Karina Banfi (UCR); Cecilia Moureau (FR); Lucila De Ponti (Mov. Evita); Araceli Ferreyra (Mov. Evita); Carolina Moises (FJ); Lorena Matzen (UCR); Daniel Kroneberger (UCR); Yanina Gayol (Pro); Alejandra Martínez (UCR); Teresita Villavicencio (Evolución); Claudia Najul.
Con motivo del 9 de julio, una escuela católica de Santiago del Estero, hizo que todos sus alumnos y alumnas de jardín, primaria y secundaria usen pañuelos celestes contra el aborto y marchen como militares en un desfile. A través de sus redes sociales, el colegio compartió la frase “Al cumplirse 202 años de la Declaración de Independencia de nuestra Patria, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural”.
“Asusta, consterna y preocupa que la Escuela no sea el lugar que cuide y haga cumplir la ley 26.061 de protección integral a los niños, que no son objeto de las necesidades religiosas o políticas de los adultos, maestros o directivos. Nada de lo que vimos en ese video que la propia Escuela difundió tiene que ver con lo que dice la ley nacional de educación, la propia Constitución y el fallo de la Corte Suprema de la Nación en 2017, que refiere precisamente al límite y respeto de los establecimientos educativos, públicos o privados, que imponen las leyes nacionales y los principios constitucionales que rigen en el país”, dijo Carrizo.
“Estas prácticas de ninguna manera tienen que ver con un hecho educativo respetuoso de la libertad y la autonomía. Los niños en la Escuela no se adoctrinan, se respetan y nuestra responsabilidad como representantes del pueblo es velar porque las instituciones no deriven en actos discriminatorios y a su vez garanticen las libertades establecidas en nuestra constitución. Por lo que solicitamos al Ministro de Educación de la Nación nos informe si recibe transferencias y en caso que así sea se suspendan. El límite a estos abusos en un ámbito púbico, es la fuerza de la ley”, añadió la integrante de la Comisión Bicameral del Defensor del niño.
Las leyes que se violan y se detallan en los argumentos del pedido de informes. La Ley nacional de educación dice en su artículo 5 que el Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento, y en su artículo 8 que la educación debe brindar las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.” Es claro que esta declaración de principios es vinculante para los establecimientos educativos públicos o de gestión privada, laicos o de formación religiosa. De hecho, el artículo 63 de la ley establece que las instituciones educativas de gestión privada deben cumplir con los lineamientos de la política educativa nacional. Se están violando además los artículos 1, 63, 11 (incisos b y c), 30 (inciso a) y el artículo 126, inciso b; cierra el informe.
