Al igual que sucedió en los dos meses de audiencias antes de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue siendo leído y re-leído sin cesar. Y, en especial, recibiendo opinología que no aporta. Por un lado, están quienes demuestran con cifras y experiencias políticas y sociales que la práctica del aborto es un tema de salud pública; por otro, quienes insisten en debatir sobre la concepción filosófica de “cuándo existe la vida” y “cuando no”. ¿Cuántas mujeres muertas por abortos clandestinos existirán desde marzo hasta que se apruebe esta Ley?
En la cuarta audiencia por la legalización del aborto, ante senadoras y senadores quedaron desplegados datos y detalles de la práctica médica cotidiana en el ámbito de la salud pública argentina, en una jornada extensa con 24 oradores previstos. El plenario de comisiones registró intercambios tensos desde la primera exposición, cuando un funcionario del ministerio de Salud de la Nación, entre otras cosas, pidió “hacer evidente el papel del machismo y la misoginia en acciones de oposición al proyecto de ley” y hubo respuestas airadas, casi ofendidas, por parte de algunos senadores.
El coordinador del Programa de Salud Integral en la Adolescencia del ministerio de Salud de la Nación, Juan Carlos Escobar, señaló al comienzo de su intervención que en el debate sobre legalización a la ciencia se opone la creencia; a la evidencia, el dogmatismo; al respeto, la imposición, y que es preciso cambiar ese esquema para debatir la ley (“no hemos tratado de imponer nada a nadie. Si quisiera imponer, mi hija no usaría pañuelo verde como usa”, acotó el correntino Néstor Braillard Poccard a la hora de las preguntas). Por eso aportó datos. “El 67 por ciento de los embarazos de adolescentes de 15 a 19 años son no intencionales. El 83 por ciento se da en menores de 15. Eso da cuenta de las barreras de acceso de estas jóvenes a la salud y a la educación sexual integral”, advirtió, antes de añadir que “el 20 por ciento de las adolescentes madres cursan su segundo o tercer embarazo antes de los 20 años”, algo que no es beneficioso, además de por lo que implica en términos de proyectos para la propia vida (“cuando una adolescente menor de 15 años queda embarazada, su futuro cambia radicalmente”), porque “hay evidencia de que el parto y el embarazo en adolescentes y jóvenes tienen peores resultados comparados con los de mujeres de mayor edad”.
Escobar advirtió, además, que “la mayoría de estos embarazos son producto de violación sexual, ejercida en general por integrantes de su familia o del entorno cercano, padres, padrastros, abuelos, tíos hermanos”, algo que “deja entrever no sólo la violencia de quien comete el delito, sino también del aparato médico judicial que revictimiza a la niña y termina protegiendo al varón abusador”. (Sobre ese aspecto, luego, intentó profundizar el presidente de la comisión de Asuntos constitucionales, Dalmacio Mera: en el caso de una niña víctima de violación, “¿hay control de la chica más allá del aborto?”, quiso saber, porque, abundó, “una vez que vuelva a su entorno (…) para el padre abusador, para el pariente abusador es más cómodo que la niña aborte”.)
Porque el aborto clandestino es un problema de justicia, también, dijo que quería “interpelar a los varones” para que resultara visible cómo el machismo y la misoginia alimentan la posición antilegalización. La mención de esos factores hizo pedir la palabra al formoseño José Mayans, quien aseguró que el proyecto es “inconstitucional” y que, sin embargo, quienes lo impulsan cuentan “con toda la fuerza de los medios tomando frases sueltas para ver cómo hacer para desprestigiarnos, descalificarnos”. Añadió: “Usted vino a hacer algo parecido en nombre del gobierno. No creo que el gobierno piense que seamos machistas, misóginos y esas cosas que usted dijo”. “¿Su opinión es la del gobierno?”, inquirió la salteña Cristina Fiore, y el jujeño Mario Fiad, presidente de la comisión de Salud (y del plenario), retomó el interrogante. “No podría estar en nombre propio presentándome como coordinador de un Programa Nacional si no tuviera el aval del ministerio donde trabajo; he presentado una mirada de salud pública independiente de lo que piense como postura personal o pediatra”, respondió Escobar.
Poco después de que el “filósofo” José Arturo Quarracino (sobrino del extinto cardenal Antonio) asegurara que hay conspiraciones internacionales de poderosos intereses económicos para lograr el aborto en Argentina (el arco fue de Rockefeller III a Adolf Hitler) y señalara como vehículo de eso a la ONG norteamericana Planned Parenthood (“montada sobre la venta de restos fetales abortados”), mentada reiteradamente en audiencias previas por la tucumana Silvia Elías de Pérez y la riojana Inés Brizuela, fue el turno de la especialista en tocoginecología y medicina legal Stella Maris Manzano.
“Soy médica con dedicación exclusiva en el Hospital Zonal de Trelew, mi financiación es de la provincia de Chubut, que paga mi sueldo, no pertenezco a ninguna ONG ni me auspicia ningún negocio oscuro”, enumeró antes de decir: “hago abortos”. Manzano, que vela por el cumplimiento del protocolo de aborto no punible, brindó datos sobre qué impacto puede tener la maternidad en las niñas. La OMS, explicó, desarrolló un “indicador de riesgo acumulado”, que es el que padece una chica de 15 años “de morir por complicaciones de un único embarazo a lo largo de la vida”, que en Argentina es de 1 en 530, en Bolivia de 1 a 89 y en Suecia (“país con aborto legal y prohibición de objeción de conciencia”), de 1 en 17.400. Añadió: “la OMS dice que es cien veces menos peligroso un aborto que un parto”. Manzano advirtió, también, acerca de la cláusula de objeción de conciencia, a la que se opone. “Es como si un militar dijera ‘quiero que me paguen mi sueldo pero no usar armas’. O testigos de Jehová profesionales de la salud digan ‘quiero mi sueldo pero mi religión me impide transfundir sangre’. No pueden ser tan pícaros de pedirle al Estado un sueldo para violar derechos ajenos”, graficó, antes de retomar una de las objeciones más frecuentes de los antiderechos al proyecto de ley, que establece un registro en manos del Estado: “si fuera tan transparente y es tan noble lo que hacen (de oponerse a la interrupción voluntaria del embarazo), ¿por qué le molestan tanto los registros públicos de objetores?”.
“Muchas de las voces que proclaman que lo contrario (a la legalización) serían la anticoncepción y la educación sexual son las mismas voces que hace años se opusieron con argumentos parecidos a la anticoncepción y la educación sexual”, señaló la especialista en Salud Pública con orientación en salud mental Alicia Stolkiner, quien desmintió que la interrupción voluntaria del embarazo deje daño psíquico. Sí, aseguró, en cambio, que en el daño del aborto ilegal “una parte fundamental es la clandestinidad” y estar “obligadas a realizar algo que es delito en condiciones de riesgo y sin poder decirlo”.
“En este debate ya está todo dicho”, observó la experta, aunque luego añadiría que, sin embargo, había “un silencio”. “Se ha hablado del negocio ilegal del aborto, que es un negocio impresionante, algunos de los que lo practican deben estar tratando de instalar un discurso antiley. No se habló del tráfico de niños y bebés, que la clandestinidad del aborto favorece”, señaló. “No quiero decir que aprobar esta ley terminará con el tráfico de niños, pero va a desinvisiblizar” lo que sucede con eso, sobre lo cual no hay estadísticas, “porque es ilegal, pero sí les puedo decir que los estudios muestran que el 70 por ciento de los agentes de tráfico de niños son agentes del Estado”.
