Improvisación. Esa es la palabra que se escuchó en boca de numerosos legisladores porteños en la sesión del jueves pasado mientras discutían durante cuatro horas y media la prohibición de la entrada de ganado vacuno en pie a la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día debía tratarse un proyecto de declaración, presentado por las diputadas Gabriela González Gass y Clorinda Yelicic – ambas de la Alianza -, mediante el cual se solicitaba al Gobierno porteño que emitiera "las instrucciones precisas a los hospitales de la Ciudad para proceder a la inducción del parto en caso de presentarse un diagnóstico de anancefalia, sin exigir la autorización judicial". De haberse debatido esta propuesta, que cuenta con despacho de la Comisión de Salud – presidida por Yelicic – las críticas habrían sido aún más duras, ya que son varios los legisladores que se oponen a esta medida, por considerar que un tema tan importante como éste "no puede ser tratado con la liviandad que manifiesta el proyecto". Así se expresó al respecto la diputada justicialista Alicia Pierini – presidenta de la Comisión de Derechos Humanos – que, indignada, también afirmó: "No puede ser que mediante un instructivo enviado por la Secretaría de Salud a los hospitales se decida la vida o la muerte de un embrión. La Legislatura, como indica su nombre, tiene que legislar al respecto y no delegar sus funciones a un organismo del Gobierno. Resulta que para cambiarle el nombre a un cantero se discute durante horas, en cambio, en cuestiones de esta magnitud, se le pide a la Secretaría de Salud que decida sobre la vida como si fuera un trámite".
La anencefalia es una malformación que conlleva la ausencia de hemisferios cerebrales en el feto, lo que implica el fallecimiento indefectible luego de la separación del seno materno al cabo de minutos o, como máximo, a las 12 horas después de haber nacido. Recientemente la justicia autorizó la inducción del parto de un embrión con este mal, debido a que estudios psicológicos realizados a la madre establecieron que, si continuaba adelante con el embarazo, le produciría un grave trastorno psíquico.
"Cada caso en particular debe ser analizado con detenimiento y, el mejor medio posible para esto, es la intervención judicial. No podemos dar vía libre a lo que resulta especial y anómalo" – sostuvo el representante del Partido Popular Cristiano, Ricardo Busacca, también en desacuerdo con el proyecto. "Además – prosiguió el legislador – la Convención de los Derechos del Niño protege a los menores desde su concepción, por lo tanto, los casos de anencefalia deben ser tratados con sumo cuidado y siempre teniendo en cuenta la dignidad de la persona humana".
El proyecto de declaración se basa, en gran medida, en los argumentos mediante los que el Tribunal Superior justificó su decisión de autorizar la inducción del parto prematuro en el mencionado caso. Sin embargo, para el diputado Santiago de Estrada – del bloque Encuentro por la Ciudad – la cuestionada propuesta no respeta los fundamentos del fallo. "Una interpretación textual del proyecto de declaración – sostuvo el diputado – lleva a la conclusión de que en todos los casos de anencefalia, el hospital debe proceder a la inducción del parto, sin tener en cuenta los tres requisitos que exige correctamente el fallo: primero, que exista un peligro para la vida o salud de la madre y que este peligro no pueda ser evitado por otros medios, pues en caso contrario se estaría cometiendo un delito; segundo, que se respete la objeción de conciencia de los profesionales intervinientes y, tercero, que exista el conocimiento, entendimiento y consentimiento de la mujer".
"De estos tres requisitos – explicó De Estrada – el primero depende de los exámenes médicos que se practiquen. Y es lógico que, si los profesionales tienen alguna duda al respecto, prefieran recurrir a la Justicia, ya que está en juego nada menos que la comisión de un delito y, frente a esta posibilidad, no hay autorización de la Secretaría de Salud que valga, ya que si el profesional es imputado no puede defenderse con el argumento de haber cumplido instrucciones de un superior. En cuanto a los otros dos requisitos, siempre deben estar presentes en el tratamiento de estos casos. Si el médico considera que practicar un aborto implica la muerte de un inocente, deber respetarse su posición y no darle instrucciones de llevarlo. Lo mismo ocurre con el tercer requisito. Poner en marcha la inducción del parto sin conocimiento y consentimiento pleno de la mujer, sólo porque exista anencefalia, es algo inconcebible y también constituye un delito".
Pierini coincidió con estos argumentos y propuso que, para autorizar la detención de un embarazo, se cuente primero con la petición expresa de la madre – que debe ser informada de los riesgos y estar en condiciones mentales para decidir – y con el consentimiento del padre si lo hubiere. También remarcó la necesidad de "un diagnóstico cierto y de prueba doble, en el cual, al realizarse el segundo examen, se haga constar el documento de la madre para evitar engaños". La legisladora planteó que debería figurar en el pedido de autorización la firma de dos médicos que certifiquen las ecografías y un dictamen favorable del Comité de Bioética del hospital, y se mostró – como De Estrada – a favor de que se garantice el derecho a la objeción de conciencia de los médicos intervinientes.
"Además – finalizó la diputada – los padres deben ser puestos en conocimiento de todos los temas vinculados a éste. Por ejemplo, hay cuestiones de orden legal como el derecho de sucesión, que se modifica si el bebé nace o no".
En la Legislatura se estima que la aprobación del proyecto de declaración será difícil, ya que son muchos los diputados que no están de acuerdo. Cada uno expondrá sus argumentos. Lo que queda claro es que todos coinciden en que un tema de esta jerarquía, merece una norma de jerarquía.
