Funcionarios del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad, del Instituto de la Vivienda -IVC, de Autopistas Urbanas -AUSA y de la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado -SBASE participaron durante el mediodía de este viernes de una reunión informativa ante la Comisión de asesoramiento permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria para explicar las razones por las que el Poder Ejecutivo solicita a la Legislatura contraer empréstitos de hasta 305 millones de dólares.
Las operaciones tendrían un plazo mínimo de amortización de un año y, en su conjunto, un monto máximo total de hasta 305 millones de dólares estadounidenses o su equivalente en pesos, otra u otras monedas.
En los fundamentos el Ejecutivo manifiesta que “se destinarán al financiamiento del Proyecto de Modernización de la línea D (Etapa I) de la red subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto máximo total de hasta U$S 105.000.000; los Procesos de Integración Socio – Urbana, por un monto máximo total de hasta U$S 100.000.000; y las obras y gastos asociados a los proyectos “Viaducto Ferroviario elevado en las vías del Ferrocarril General San Martin, en el tramo comprendido desde la Estación Palermo (aproximadamente) hasta la estación La Paternal y “Viaducto Ferroviario elevado en las vías del Ferrocarril Mitre (Ramal Tigre), en el tramo comprendido entre la Avenida Dorrego y la Avenida Congreso” por un monto máximo total de hasta U$S 100.000.000.
Por la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado -SBASE-, su presidente Eduardo De Montmollin quien estuvo secundado por la gerente de planeamiento Diana Ramírez Bedoya dependiente de la Dirección operativa de desarrollo, dijo que el pedido respecto a la línea de subte se enmarca en el plan de mejora de frecuencia y de modernización elaborado por SBASE que “procura reducir el tiempo y costo de los viajes de superficie, disminuir el costo social por accidentes y daños a la salud y preservar el medio ambiente, entre otros beneficios”.
“La búsqueda de financiamiento responde a la necesidad de cubrir el costo del desarrollo del Sistema de señalamiento Communications-Based Train Control (CBTC), la readecuación del sistema de alimentación eléctrica y el Plan de Accesibilidad, Circulación y Emergencia (PACE) Sarmiento, siendo el resto de los componentes financiados por SBASE”, indicó.
Por su parte, la gerente general del Instituto de la Vivienda -IVC, María Migliore, explicó que “el financiamiento de los Procesos de Integración Socio — Urbana, comprende integración urbana, integración habitacional e integración socio-económica. Alcanza la conectividad en términos de red de transporte público, espacio público, servicios culturales y turísticos; la construcción de viviendas nuevas, el mejoramiento de las actuales; la conexión a la red de servicios básicos; el desarrollo de habilidades de cada vecino en términos de educación y empleabilidad, entre otras acciones”. Los proyectos se desarrollarán esencialmente en los barrios Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita y Villa 20, “con intención de proveer soluciones habitacionales, desarrollo de infraestructura y generación de espacios públicos”.
En tanto el presidente de Autopistas Urbanas -AUSA, Carlos Frugoni que concurrió con el jefe de Planeamiento financiero y control de gestión, Cristian Correa, respecto a las obras y gastos asociados a los proyectos de los viaductos señalados, manifestó que “han sido objeto de diversos convenios entre el Estado Nacional y el GCABA al amparo del Convenio Marco en Materia de Transporte Ferroviario [aprobado por Ley N°2.818 -Texto consolidado por Ley N° 5.666], que previó la posibilidad de realizar acuerdos complementarios para concretar acciones, programas y proyectos comunes o de asistencia. Aseguró que “en particular, las partes se comprometieron a realizar conjuntamente sus mayores esfuerzos para garantizar un desarrollo eficiente y eficaz del Sistema de transporte ferroviario en el ámbito de la CABA, a los fines de la prestación del servicio público”.
Se explicó que los proyectos “adicionalmente, se declararon de interés estratégico en razón de lo cual el Estado Nacional se comprometió a aportar asistencia económica financiera a la Ciudad, acorde a un cronograma de avance y certificación de obra y a su disponibilidad presupuestaria. Por otra parte, se estableció que la Ciudad, a través de AUSA, implementará los proyectos, siendo ambos los responsables primarios de la ejecución de los mismos”.
Al inicio del encuentro, por el Ministerio de Hacienda el subsecretario de Finanzas Abel Fernández Semhan, afirmó que “el proyecto no es más que un adelanto financiero a AUSA que se recuperará con la venta de terrenos demorada en dos años, y de este modo se evitará la paralización de las obras”.
“La necesidad de recurrir a financiamientos alternativos para afrontar los compromisos asumidos en el marco de estos proyectos obedece a que la asistencia proveniente del Estado Nacional no está desarrollándose plenamente, a la vez que se halla sujeta a condicionamientos que obstaculizan su efectividad” sostuvo Semhan que asistió con el director general de Crédito Público, Nicolás Martín Rosenfeld.
“Debe señalarse que los proyectos comprenden conceptos no incorporados explícitamente en los convenios específicos. Consecuentemente, resulta ineludible disponer de mecanismos alternativos de financiamiento que permitan el avance y conclusión de las obras, evitando el riesgo de paralización de las mismas, y por ende, un aumento considerable en el valor total de los proyectos” aseguró.
Enfatizó que “de acuerdo a los convenios específicos suscriptos en la materia, los fondos que provea el Estado Nacional serán utilizados con carácter exclusivo para la concreción de los objetivos propuestos en los proyectos” y que los empréstitos entrarán en el régimen de autorizaciones del Tesoro nacional. Aclaró que “las condiciones obligan a contratar una auditoría financiera que es costosa”.
Durante la reunión que encabezó la presidente de la Comisión de Presupuesto, diputada Paula Villalba (VJ), en la oficina 15 del piso principal de la sede parlamentaria, legisladores de la oposición plantearon algunos interrogantes y a pedido de Roy Cortina (PS), María Rosa Muiños (BP) y Juan Francisco Nosiglia (Evolución) se concluyó en que los funcionarios enviarán la información sobre el grado de avance de las obras según los créditos solicitados con anterioridad.
