La crisis que golpea sobre el Gobierno tiene, indudablemente, una raíz económica, pero su verdadera naturaleza es política.
En la base de todo se encuentran las primeras decisiones que tomó el presidente Mauricio Macri, que eliminó las retenciones a los productos agrarios, le redujo a ese mismo sector los impuestos, incrementó impuestos y tarifas a la población en general y reformuló las partidas presupuestarias, desviando los flujos de dinero hacia el sector financiero, al mismo tiempo que desprotegía a la industria nacional abriendo el mercado interno a los productos manufacturados en el extranjero.
Esta explosiva combinación comienza a impactar por estos días sobre la confianza de los argentinos en su Gobierno, cuya imagen ha caído en los números, aunque esta vez nos referimos a los de las encuestas (ver página 3).
Para generar una baja en las erogaciones, el último martes el Poder Ejecutivo anunció la pronta publicación de tres decretos que le permitirán ahorrar –según su propia evaluación– 65.500 millones de pesos. Los decretos contienen la suspensión por seis meses en la baja para las retenciones, no del poroto de soja, sino de dos de sus derivados, el aceite y la harina. Además, eliminará el Fondo Federal Solidario, que se repartía entre las provincias, y, por último, reducirá en un 66 por ciento los reintegros a las exportaciones.
En el caso de la reducción de los Derechos de Exportación, que serán reducidos en un 66 por ciento, el Gobierno los justificó en que son el resultado de los impuestos indirectos que se abonan en el proceso de producción, que fueron reducidos como consecuencia de la reforma tributaria y el Pacto Fiscal. Así, el Estado ahorrará unos cinco mil millones de pesos en lo que resta del año y 29 mil millones en 2019.
La baja de los Derechos de Exportación a la soja se mantendrá en cuanto a los granos, que ya fueron disminuidos del 35 al 26 por ciento actual, pero las harinas y el aceite, cuyas alícuotas se redujeron ya del 32 al 23 por ciento, no tendrán nuevas bajas por seis meses. De todos modos, todas las alícuotas bajarán hasta el 18 por ciento en diciembre de 2019. El Estado ahorrará 1.500 millones de pesos en lo que queda de 2018 y 12.000 millones en 2019.
Finalmente, el Fondo Federal Solidario quedó derogado por medio de un decreto de necesidad y urgencia. Este fue creado en 2009, pero su derogación le aportará al Estado una suspensión de gastos por 8.500 millones durante este año y de 26.500 millones en 2019.
Estas medidas, de todos modos, significarían una leve reducción del déficit fiscal, en momentos en que reina la inestabilidad y el dólar y el riego país no dejan de subir. Pero todo pareciera ser pequeño en estos momentos en los que todo falta.
Al mismo tiempo, el Banco Central implementó modificaciones en las licitaciones, mientras que aumentó la tasa de interés hasta el 45 por ciento para evitar que los mercados sigan apostando al dólar, que lo mismo sigue provocando movimientos sísmicos.
La decisión del Gobierno se publicó el mismo día en que llegó a Buenos Aires la misión del FMI que lidera Roberto Cardarelli, que revisará los números de la economía. Los analistas adelantaban que, con las cifras algo descontroladas, a los funcionarios argentinos no les quedaría otra opción que solicitar un waiver, que equivale a una dispensa en el cumplimiento de las metas contenidas en el acuerdo firmado con la entidad crediticia.
De todos modos, los tres decretos tienen como destinatario al funcionario internacional, en un intento de sostenerse en una “profesión de fe” y la reafirmación de profundizar el ajuste, más allá de que se cumplan o no los plazos estipulados en el acuerdo. Porque el ajuste es lo más importante en estos momentos en que la recaudación se reduce y todo parece complicarse.
En los considerandos de las medidas, desde el Ministerio de Hacienda explicaron que el Fondo Federal Solidario –por el cual se transferían hasta ahora el 30 por ciento de la recaudación de los derechos de exportación a la soja– se creó en 2009, cuando se destinaba a las provincias solo el 25 por ciento de los impuestos nacionales.
Tomando en cuenta que esta relación ahora se modificó –las provincias llegaron a recibir ya el 30 por ciento de la recaudación– es que las autoridades consideran que la baja está justificada. Además, aseguraron en Hacienda, las provincias “continuarán aumentado su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación”.
Un dólar endiablado
No es exclusivo de estos tiempos que el dólar sea un problema. Desde 1977, todos los gobiernos deben lidiar con las fluctuaciones de la moneda estadounidense, cuya cotización impacta sobre los precios del mercado interno como si fuera un componente de la economía local, que lo es por defecto.
Al momento en que esta publicación está cerrando, el nivel de reservas del Banco Central había descendido en otros 253 millones, llegando a 56.621 millones. Las licitaciones diarias de dólares, mediante las cuales se busca contener el alza de la divisa, son las culpables de esta caída.
Desde el 20 de junio, cuando comenzaron las licitaciones de dólares en el Banco Central, se vendieron 3.400 millones de dólares, de los 15.000 millones que desembolsó el FMI. De estos, 7.500 fueron destinados a respaldo presupuestario y los otros 7.500 son los que licita diariamente el Banco Central, de los que restan aún casi la mitad.
Dujovne: “No hay ninguna posibilidad de una megacrisis”
En medio de las convulsiones de estos días, que incluyen un recrudecimiento en la ola de despidos y arrecian los rumores de que habrá bajas en la Asignación Universal por Hijo y en las asignaciones familiares, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, salió a calmar a los mercados, cruzados por la inquietud.
“Sabemos que hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes, que está sufriendo, que la está pasando mal y que le gustaría que fuéramos más rápido en solucionar los problemas que datan de 70 años”, se disculpó y se justificó.
Para aventar algunos rumores, que anuncian una serie de catástrofes –lo que ya es un clásico–, Dujovne aseguró que “no hay ninguna posibilidad de una megacrisis”. “No hay posibilidad de default. Trabajamos todos los días para que no suceda”, afirmó, con la intención de domar los ánimos de unos operadores más preocupados por sus beneficios que por el bienestar de los pobres.
El ministro de Hacienda dijo que el Gobierno es consciente de la situación por la que pasan millones de argentinos, que tienen dificultades para llegar a fin de mes y se quejan por la situación económica. De todos modos, reconoció que el Gobierno posee “una responsabilidad muy grande, que es evitar una megacrisis en la Argentina como la que el país ya vivió en 2001 y en los años 80, porque en cada una de ellas acumulamos nuevas camadas de pobreza”.
Luego, como no podía ser de otra manera, sobrevino el clásico de Cambiemos: responsabilizar al kirchnerismo por los problemas de la Argentina, porque “destruyó la infraestructura, las reservas del Banco Central, el marco institucional y la Justicia”, según el ministro.
Luego, siempre echando culpas hacia afuera, el funcionario expresó que la crisis internacional afectó a la Argentina más duramente que a otros países, porque aún el Gobierno no terminó de arreglar “los desbalances muy grandes” que heredó de ¿quién?… del gobierno anterior.
De todos modos, los destinatarios de tanto esfuerzo fueron, hasta ahora, los bancos. La economía real –la que genera los dólares que tanta falta hacen– seguirá encorsetada por medidas restrictivas, que no parece que serán derogadas, al menos por el momento.
