En la Legislatura de la Ciudad fue presentado recientemente un proyecto de ley que persigue el difícil objetivo de establecer un "juicio popular de residencia" para los funcionarios del Gobierno porteño. La iniciativa le pertenece al legislador local Luis García Conde. Se trataría básicamente de un balance de gestión final, individual, al cual se someterían el jefe y vicejefe de Gobierno, y todos los secretarios y legisladores de la Ciudad. Éstos serían evaluados al cese de sus funciones por un tribunal integrado por ciudadanos comunes.
Este "tribunal evaluador de funcionarios" estaría compuesto por once miembros, designados por sorteo público entre los integrantes del padrón electoral de la Ciudad. Según el proyecto, éstos tendrán "vía libre" para reunir la información necesaria en cada dependencia porteña y recoger opiniones y observaciones de otros ciudadanos. Luego -se propone-, emitirán un dictamen final de evaluación de la gestión pública de cada funcionario.
"El proyecto está destinado a determinar la conducta de los funcionarios en el desempeño de sus funciones", resumió García Conde. "El juicio -añadió el legislador- consta de diferentes etapas: en la primera el jurado se informa de la actuación del funcionario y recaba la información necesaria; en la segunda se abre un período donde se reciben consultas de los ciudadanos, en la siguiente el funcionario hace su descargo y culmina con el informe definitivo".
En el caso de los legisladores, se evaluarán las concurrencias al recinto, a las reuniones de comisión, y la calidad y cantidad de los proyectos que presentó, entre otros aspectos. Mientras que por el lado de los funcionarios del Poder Ejecutivo se tendrán en cuenta la eficacia de gestión y la ejecución de las partidas presupuestarias correspondientes a cada área. El resultado de los "juicios populares de residencia" -dice el proyecto-, será publicado en el Boletín Oficial, la página de Internet del Gobierno porteño y en cada CGP.
García Conde argumentó que "hay una clara demanda en la sociedad de diseñar un sistema político de fuerte contenido democrático y participativo que, entre otras normas, instituya el real y efectivo control de la población sobre los actos públicos de funcionarios y gobernantes. Nos referimos al Juicio Popular de Residencia", sentenció el legislador.
